¿Qué tan fácil es que los estados dejen el Pacto Fiscal?

"No vamos a permitir ni el abuso ni el atropello”, “preferimos el diálogo que la confrontación”, “estamos listos para dar la batalla jurídica y política, si es necesario”, “estamos pidiendo lo que por ley y por derecho nos corresponde”, son solo uno de los pronunciamientos que esta semana emitieron los mandatarios.

Pero, ¿qué tan real resulta la amenaza de los mandatarios estatales?

Para Mario Campa, economista y especialista en política pública del Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey, sería muy complicado salir para varios estados del Pacto de Coordinación Fiscal, porque no les alcanzarían los recursos que se generan en la entidad.

"La amenaza de salirse del pacto de coordinación fiscal es creíble para uno o dos, quizá para Nuevo León porque tiene una de las economías más grandes de país”.

En ese sentido, explicó el caso de Jalisco saldría perdiendo porque nueve de cada 10 pesos de lo que gasta vienen de la federación.

Con él, coincidió el especialistas en especialista en derecho, Octavio Martínez Camacho, quien puso el caso de Michoacán, una entidad que tuvo que entregar la nómina de los maestros al gobierno federal debido a la carga que representaba para sus finanzas.

El Pacto Fiscal federal, recuerda, permite una asignación equitativa de los impuestos, tanto locales como federales y su posterior distribución entre la federación, estados y municipios por lo que no es fácil acabar con él.

“No es viable romper el federalismo porque este nace para tratar equitativamente las diferencias del norte, centro y sur del país”, destacó.

Por su parte, de acuerdo con el director del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), Héctor Villarreal, la constitución establece cómo incorporarse al pacto de coordinación fiscal pero no cómo salir de él.

"El camino judicial para una desincorporación del Pacto Fiscal no está claro, por ello creo que esto terminaría en un litigio que pudiera durar meses si es que no años”, señaló Villarreal.

El presidente Andrés Manuel López Obrador les dijo que están en la posibilidad de dejar el pacto fiscal, pero les recomendó consultar a sus ciudadanos si realmente estarían de acuerdo.

A penas había concluido la conferencia de prensa, cuando algunos de los gobernadores que conforman la Alianza Federalista, informaban que le tomarían la palabra a López Obrador. Algunos, incluso aprovecharon las redes sociales y los eventos del día para preguntarles a sus ciudadanos si estaban de acuerdo.

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Gobernadores analizarán ruta jurídica para renovar el pacto fiscal

“¿Cómo ven? ¿Hacemos una consulta pública para decidir si seguimos siendo los que más le damos a la Federación, a pesar de que nos devuelven solo 28 centavos por cada peso que mandamos, o que Nuevo León se quede con lo que contribuye?”, lanzó el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón.

La respuesta fue contundente por el sí. Así como él, el mandatario de Jalisco, Enrique Alfaro, preguntó a ganaderos y productores de leche si estarían de acuerdo con que los impuestos de la entidad se quedarán y a mano alzada, ganó el sí.

En tanto, el de Aguascalientes Martín Orozco cuestionó “¿Están de acuerdo en que el gobierno federal regrese a la gente los recursos para salud, cultura, deporte, ciencia, seguridad, derechos humanos, entre otros?”.

De trasfondo político

En verano, el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció a los gobernadores revisar el Pacto Fiscal, sin embargo, ahora que ellos lo han reclamado nuevamente, el mandatario sostiene que detrás hay intereses políticos electorales.

“Es electoral, es tratar de sacar votos. Si nos acusan a nosotros, si acusan al presidente, pues piensan que con eso van a tener muchos simpatizantes del sector conservador”, acusó López Obrador.

Con el presidente coincide el especialista del TEC, Mario Campa quien afirmó que el anuncio de 10 gobiernos estatales tiene un trasfondo más político.

“La movida es más que nada política, es una forma de presionar al gobierno federal, es una especie de amenaza, que no es viable”, afirmó.

¿Qué dice la ley?

La ley de coordinación fiscal no establece en ninguno de sus artículos el procedimiento que deben seguir los estados que pretendan salirse de ese acuerdo que data del 27 de diciembre de 1978.

Sin embargo, si los estados insisten en dejar el pacto, o se realiza una nueva convención hacendaria en la que se establezca una repartición “más justa y equilibrada” de los recursos o se modifica la Constitución para quitarle el espíritu federalista.

La Ley de coordinación Fiscal fue modificada en 2007 para que en la fórmula para la distribución de recursos se contemplara la cantidad de población de cada entidad, lo cual benefició al Estado de México, entidad que solo ha sido gobernada por el PRI.

En su defensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha explicado que la distribución de los recursos no es a capricho, sino que se da a través de una formula, establecida en la Ley de Coordinación Fiscal, en la que se consideran entre otros aspectos como cantidad de población y pobreza.

Entre los argumentos que han esgrimido los gobernadores es que la federación no es equitativa con los recursos que otorga a los estados.

Recibimos 28 centavos de cada peso que damos, Tamaulipas recibe 32 centavos por cada peso y a Jalisco le regresan solo 30 centavos de cada peso, son algunas de las cifras con las que los mandatarios y políticos de oposición explican la inequidad en la distribución de los recursos.

Sin embargo, de acuerdo con la columnista de Expansión Política, Viridiana Ríos, todas las entidades, excepto la Ciudad de México, reciben igual o más recursos de los que aportan.