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En año electoral, subirá presupuesto del INE, del TEPJF… y también de diputados

Se proyecta asignar 137,089 millones de pesos para los órganos autónomos en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021.
mié 09 septiembre 2020 05:50 AM
(Obligatorio)
Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito Público, entregó Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2021.

Aunque México atraviesa por una crisis económica generada por la pandemia de coronavirus y que ha orillado al gobierno federal a implementar una política de austeridad, algunos órganos autónomos y parte de los poderes de la federación podrían tener un incremento en su presupuesto para 2021.

Se trata del Instituto Nacional Electoral (INE), que estará a cargo de organizar las elecciones más grandes de la historia moderna de México, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Cámara de Diputados y del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

De acuerdo con el Proyecto de Egresos de la Federación (PEF) 2021, se proyectan 137,089 millones de pesos para los órganos autónomos.

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Los que ganan

Durante la entrega del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, reconoció que México enfrenta la crisis económica más aguda desde la “gran depresión” y reconoció que la caída del Producto Interno Bruto para este año será de alrededor del 8%.

Sin embargo, para el 2021, al ser un año electoral, el INE incrementará su presupuesto en 10.5 mil millones de pesos al pasar de 17,000 millones a 27,689 millones de pesos, es decir, 60% más.

El órgano encargado de la justicia electoral, el TEPJF, también tendrá un incremento en su presupuesto para el próximo año, pues se propone un presupuesto de 3,225 millones de pesos para 2021, un 13% más a los 2,739 millones recibidos en 2020.

Aunque los diputados federales promueven que los partidos políticos renuncien al 50% de su financiamiento, los legisladores podrían tener un incremento de 1,058 millones de pesos.

De acuerdo con el PPEF los recursos pasarían de 7,318 mdp a 8,377 mdp; es decir, un incremento de 1,058 mdp.

Otro de los poderes autónomos que registraría un incremento es el Poder Judicial. Para 2021 se proyecta que cuente con un presupuesto de 72,429 millones de pesos, 2,800 millones más que en 2020 cuando recibió 69,614 millones de pesos. En particular, para la Suprema Corte de Justicia de la Nación se estimarían 5,159 millones de pesos.

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También para el INAI se prevé un incremento en sus recursos al pasar de 907.5 millones de pesos a 918.7 mdp, es decir, 11.2 millones más.

La Fiscalía General de la República tendría también un aumento en sus recursos de hasta 71 mdp. Si el Proyecto de Egresos de la Federación se aprueba en sus términos, la institución encargada de la procuración de justicia pasaría de 17,275 a 17,346 mdp para el 2021.

Las que pierden

A pesar de las "ganancias" arriba señaladas, no todos los órganos autónomos se verán beneficiados, y media docena de ellos tendrán una caída en su presupuesto.

El organismo al que se prevé aplicar una reducción mayor es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, institución a cargo de Rosario Piedra, que pasará de 1,938 millones de pesos a 1,679 millones, es decir, perdería 258 mdp de un año a otro.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones es otro de los que perdería recursos al pasar de 1,594 a 1,510, es decir, 84.1 mdp menos.

A estas se suma la Comisión Federal de Competencia Económica, que pasaría de 601.2 mdp a 598.7 mdp; es decir, recibiría 2.5 mdp menos.

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A diferencia de su colegisladora, el Senado tendría una disminución de 141 mdp. Para el próximo año su presupuesto pasaría de 4,226 mdp a 4,085 mdp.

La Auditoria Superior de la Federación es otra de las instituciones que perderían recursos al bajar de 2,460 mdp a 2,453 mdp, es decir, 7 millones menos para la ejecución de sus tareas.

En el proyecto de Presupuesto de Egresos, se detalla que los órganos autónomos y los poderes tendrán que ajustarse a una merma de recursos y acoplarse a las medidas de austeridad.

“Los poderes legislativo y judicial, así como los entes autónomos, deberán implantar medidas equivalentes a las aplicables en las dependencias y entidades, respecto de la reducción del gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo y del presupuesto regularizable de servicios personales”, se lee en el documento.

En concreto, se pide, deberán aplicar una reducción de recursos en materia de gastos de comunicación social. También se pide que se eliminen compensaciones que se pagan al final de la administración, el llamado bono de marcha.

“Los poderes legislativo y judicial, las dependencias y entidades, así como los entes autónomos, deberán abstenerse de cubrir cualquier tipo de estímulo, pago o compensación especial a los servidores públicos a su servicio, con motivo del término de su encargo, o bien por el término de la administración correspondiente”.

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