Una jueza se negó a cancelar las conferencias diarias sobre el avance del coronavirus en el país que encabeza Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.
El juzgado Séptimo de Distrito en materia Administrativa de Primer Circuito se negó a suspender el evento diario, pero admitió a trámite un amparo promovido por Óscar David Hernández Carranza, quien argumentó que los datos proporcionados “no son correctos o actualizados”.
De acuerdo con el expediente 512/2020, la jueza Laura Gutiérrez de Velazco Romo argumentó que las conferencias vespertinas son el medio de comunicación oficial establecido por el gobierno federal para tener informada a la población en general, “lo cual incide en el orden público y en el interés social, que resultarían trastocados ante la cancelación “.
“Se impediría mantener informada a la población en México de la situación que impera en el país respecto a la pandemia generada por el virus denominado SARS-CoV2 (COVID-19)” apunta la síntesis sobre el amparo publicada en el listado de acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal.
Oscar Hernández se identifica como presidente y fundador del Premio Nacional de Salud y de la fundación para la Promoción del Altruismo IAP. Además detalla que se desempeñó como presidente de la Comisión Nacional de Seguridad Social y Salud de la Coparmex (2015-2017) y presidente de la Comisión Nacional de Salud y Protección contra Riesgos Sanitarios de la Coparmex (2012 a 2015).
Las cifras dadas a conocer en la conferencia vespertina han sido puestas en duda en diversas ocasiones por parte de la prensa nacional e internacional, así como por especialistas y políticos.
En días pasados, el subsecretario acusó de falta de rigor al diario The New York Times en un reportaje que sugería que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador subregistraba las muertes causadas por el coronavirus en la Ciudad de México, citando a funcionarios capitalinos y documentos confidenciales, el diario aseguraba que las muertes asociadas al virus podrían ser tres veces más que las reportadas oficialmente por la federación.
El funcionario afirmó que los casos de personas que murieron bajo sospecha de estar enfermos de COVID-19 y a los que no se les hizo una prueba son analizados por un comité de expertos y que se agregarán al conteo a partir de lo que se dictamine.
Ese mismo día, el funcionario dijo sorprendido de que medios como The Wall Street Journal y El País publicaran notas sobre el mismo tema y que personajes ligados a gobiernos anteriores, "a negocios de la industria farmacéutica y con aspiraciones políticas" hayan difundido esa información.
