El Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en Ciudad de México concedió una suspensión definitiva a Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) por el caso Odebrecht.
El juez Erik Zabalgoitia Novales concedió esta suspensión definitiva contra la captura girada en su contra por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho.
El juez fijó también una garantía de 50,000 pesos para que continúe vigente la protección judicial de la orden de captura librada el pasado 4 de julio por el juez de control Jesús Eduardo Vázquez Rea.
Con esta resolución, Lozoya está obligado a presentarse ante el juez de la causa en el Reclusorio Norte para afrontar la imputación sin el riesgo de ser detenido. De no hacerlo en un plazo de tres días, la suspensión definitiva quedaría sin efectos.
Por este asunto, un juez de control también le concedió a la FGR las ordenes de aprehensión en contra de Gilda Susana Lozoya, de su madre Gilda Margarita Austin y Solís -quien fue detenida este miércoles en Alemania- así como de Marielle Helene Eckes, esposa de Emilio Lozoya, y de Nelly Maritza Aguilera Concha, quien es señalada como la persona que supuestamente vendió la casa en Ixtapa por un valor de un millón 900,000 dólares.
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De acuerdo con el abogado de Lozoya, Javier Coello Trejo, el exdirector de Pemex tiene dos órdenes de aprehensión en su contra, -esta por el caso de Odebretch y otra por la compra irregular de la fárbica de fertilizantes Agronitrogenados-, y negó,en entrevista con MVS, que su cliente contemple entregarse a las autoridades.
El pasado 5 de junio un juez concedió a Lozoya la primera suspensión definitiva que evitaba que fuera detenido pues los delitos de los que se le acusa no ameritaban prisión preventiva oficiosa; sin embargo.
Pero el 17 de junio, se dejó sin efectos esta suspensión toda vez que incumplió con las medidas impuestas por ese juzgado federal. El exdirector de Petróleos Mexicanos debía comparecer ante el juez que lo reclama, pero no lo hizo bajo el argumento de que no había las condiciones necesarias para hacerlo porque era muy probable que la Fiscalía General de la República pidiera al juez su detención.
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