El gobierno de AMLO va por un registro único de detenidos en el país

CIUDAD DE MÉXICO (ADNPolítico).- Como parte de su plan de seguridad, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador plantea conformar un registro único de todos los detenidos que hay en el país, bajo el argumento de que esto permitiría a las autoridades y a la sociedad saber con certeza dónde está cada persona detenida, evitar violaciones a los derechos humanos y diseñar políticas para prevenir el delito.

La propuesta se encuentra en la iniciativa de Ley Nacional del Registro de Detenciones que el presidente envió al Senado el pasado 11 de abril, dentro del paquete de leyes secundarias que el Congreso debe discutir y aprobar para completar la reforma que creó la Guardia Nacional .

Dentro de la exposición de motivos, el documento señala que actualmente existen tres bases de datos:

1. El Sistema de Registro de Detenidos (SIRED), que contiene información sobre quienes están en agencias del Ministerio Público federal o local.

2. El Registro Nacional de Información Penitenciaria (RNIP), relativo a quienes están cumpliendo sentencia en penales federales o locales.

3. El Registro Administrativo de Detenciones, referente a quienes son detenidos por autoridades de los tres niveles de gobierno.

“En virtud de lo anterior, es necesario fortalecer y unificar los esquemas de información para dar paso a un sistema que permita su concentración e intercambio mediante una base común de operación, aprovechando las ventajas tecnológicas que ofrecen los diversos sistemas a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)”, dice el texto.

“Contar con un registro de personas detenidas eficiente, centralizado, exacto y accesible es una salvaguarda a los derechos humanos, de ahí que resulte pertinente tener en cuenta que el diseño del Registro Nacional de Detenciones es una medida orientada a proteger la vida, la integridad y la libertad personal”, señala.

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¿Cómo sería ese registro único?

La iniciativa plantea que el Registro Nacional de Detenciones tenga la información de todas las personas detenidas en el país, tanto por la posible comisión de delitos como por infracciones administrativas. Contempla que sea diseñado a partir de lineamientos del Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y que sea creado y operado por la SSPC.

De aprobarse la ley, la SSPC tendría 180 días para integrar este registro, que tendría los siguientes datos cada detenido: nombre, edad, sexo, lugar, hora y motivos de la detención —así como si se desprendiera de una orden de aprehensión, de un delito en flagrancia o de un arresto administrativo—, nombre y rango de quienes intervinieran en la detención, autoridad a la que fuera entregada la persona, dirección a la que fuera trasladada y número de identificación.

Además, según la iniciativa, esa información tendría que irse actualizando conforme avanzara el proceso penal o administrativo del ciudadano en cuestión, e incorporar otros elementos como su fotografía, lugar y fecha de nacimiento, escolaridad, estado civil, grupo étnico y estado físico.

¿Quiénes podrían consultar el registro?

La iniciativa contempla que la información del registro pueda ser consultada por las instituciones de seguridad pública “con fines estadísticos, de inteligencia y para el diseño de políticas criminales, con base en las disposiciones que al respecto se emitan”. Agrega que cada funcionario relacionado con el manejo de dicha información estaría obligado a apegarse a las normas de protección de datos personales y a tomar medidas para evitar su filtración.

A la par, la propuesta gubernamental incluye crear un Sistema de Consulta, equivalente a una versión pública del registro. En tal sistema, cualquier ciudadano interesado podría revisar si una persona estuviera detenida o no y, en caso de que fuera así, podría saber qué autoridad o institución la detuvo, qué autoridad o institución la tuviera bajo su custodia y el domicilio en el que se encontrara.

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¿Cómo se realizarían los registros?

El documento en poder del Senado establece que, una vez detenida una persona, la entrega de la información correspondiente al Registro Nacional de Detenciones tendría que realizarse inmediatamente.

“Los integrantes de las instituciones de seguridad pública que lleven a cabo una detención deberán realizar el registro de manera inmediata y en el momento en que la persona se encuentre bajo su custodia, bajo su más estricta responsabilidad. En caso de que la autoridad, al momento de la detención, no cuente con los medios para capturar los datos correspondientes en el registro, deberá informar de forma inmediata, y por el medio de comunicación de que disponga, a la unidad administrativa de la institución a la cual se encuentre adscrito que pueda generar el registro”, dice.

En caso de que una detención la hicieran uniformados en tareas de apoyo a la seguridad pública —como soldados y marinos—, estos inmediatamente tendrían que reportar el hecho a la institución a la que estuvieran apoyando, para que esta, a su vez, hiciera el registro correspondiente.

La intención de que los registros sean inmediatos, según la iniciativa, sería dar certeza sobre la situación de los detenidos y evitar violaciones a sus derechos humanos.