La Corte rechaza suspender la ley de salarios máximos en el INEGI
CIUDAD DE MÉXICO (ADNPolítico).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) la posibilidad de que sus funcionarios mantengan salarios por arriba de los 108,000 pesos mensuales que gana el presidente Andrés Manuel López Obrador, así como seguro de gastos médicos mayores.
Tras revisar una controversia constitucional que el INEGI presentó contra la llamada ley de salarios máximos, que obliga a todo funcionario a ganar menos que el jefe del Ejecutivo federal, la SCJN rechazó suspender la aplicación de la norma, según reportaron medios nacionales.
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El pasado 22 de enero, la SCJN admitió la controversia del INEGI. Este lunes, el ministro Alberto Pérez Dayán negó la suspensión.
El INEGI argumenta que la reducción salarial es abrupta e injustificada y la baja en su presupuesto vulnera la garantía de audiencia, pues el gasto es insuficiente para ejecutar sus programas de generación de información estadística y geográfica.
"Ello impide a este instituto ejercer a cabalidad sus funciones y claramente viola su autonomía financiera y su independencia económica sometiéndolo a la necesidad de acotar, cancelar o postergar diversos proyectos de información estadística y geográfica como ya se ha informado", sostiene.
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Para este año, el INEGI solicitó un presupuesto de 17,000 millones de pesos, pero la Cámara de Diputados solo le asignó 12,000 millones. Argumentando este recorte presupuestal, el INEGI eliminó 14 proyectos previstos.
#ComunicadoINEGI Posicionamiento respecto al presupuesto de egresos de la Federación para 2019 y la aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los servidores públicos. https://t.co/9Y41HMhF4t pic.twitter.com/OZi6bNZg31
— INEGI (@INEGI_INFORMA) February 14, 2019
Hasta ahora, la SCJN ha decidido suspender la aplicación de la ley de salarios máximos en el Poder Judicial y en el Banco de México (Banxico). En cambio, ha rechazado las solicitudes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).
