Un juez ordena investigar a funcionarios por la indagatoria del caso Ayotzinapa

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).- Un juez federal ordenó investigar la posible responsabilidad de funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) por irregularidades en la investigación sobre la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, informaron abogados de los padres este domingo.

A través de un comunicado, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (ProDH), que representa a familiares de las víctimas, indicó que el Juzgado Tercero de Distrito en materia administrativa de Ciudad de México dejó sin efectos una resolución dictada por la Visitaduría General de la PGR.

Dicha resolución "consideraba faltas leves las irregularidades cometidas por distintos funcionarios de la PGR durante la investigación del caso", exonerando a diversos servidores públicos.

Pero en su sentencia, el juez ordenó que se emita una nueva resolución "que sí sea exhaustiva", pronunciándose entre otras cosas sobre la posible "trascendencia penal" de algunas conductas de los funcionarios en cuestión.

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Además, "reconoció el interés jurídico de las víctimas indirectas" en este tipo de procedimientos por su impacto en el derecho a la verdad.

También consideró que la resolución de la Visitaduría "no fue exhaustiva ni congruente", y advirtió que omitió pronunciarse sobre la trascendencia penal que pudieron llegar a tener las conductas documentadas dada su gravedad.

Para los familiares de los desaparecidos, esta sentencia representa una oportunidad para que el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador "revise integral y exhaustivamente las actuaciones de los funcionarios involucrados en la irregular investigación del caso Ayotzinapa, sin ningún condicionamiento jurídico previo".

La organización recordó que la oficina en México del Alta Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) señaló anteriormente que, en un inicio, la investigación de la Visitaduría estaba siendo integrada con apego a los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos.

Sin embargo, se produjo un viraje "lamentable" que significaba una oportunidad perdida para efectivamente atender las serias violaciones cometidas en la investigación del caso Ayotzinapa.

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La desaparición de los 43 normalistas, ocurrida en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, fue el caso de violencia que más marcó el sexenio del priista Enrique Peña Nieto , cuyo gobierno tuvo algunas confrontaciones con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debido a la creación de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que echó abajo la "verdad histórica" de estos hechos.

De acuerdo con la versión oficial del gobierno de Peña Nieto, los estudiantes fueron detenidos por policías municipales de Iguala y entregados al grupo criminal Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en un basurero del municipio vecino, Cocula.

El GIEI, que estuvo un año investigando el caso, planteó la imposibilidad de que los jóvenes hubieran sido quemados en el vertedero la misma noche en que desaparecieron y, además, sacó a la luz que parte de la versión oficial se basaba en testimonios de detenidos torturados.

El 3 de diciembre, poco después de asumir la presidencia, López Obrador ordenó en su primer decreto la creación de una Comisión de la Verdad sobre el caso de Ayotzinapa, que será instalada esta semana.

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