Los estados consentidos (y los castigados) en el reparto de recursos 💰
Bien dice el dicho: "A buen amigo, buen abrigo".
De acuerdo con un estudio de la organización México Evalúa, esa es la política que las administraciones federales siguen para repartir los recursos del Ramo 23 del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), puesto que ese dinero no se distribuye a los estados con base en reglas de operación claras, sino a partir de criterios políticos y de simpatías partidistas.
Esta práctica no ha sido exclusiva del actual gobierno federal. Según la agrupación, también han recurrido a ella otras gestiones, que principalmente han favorecido a gobiernos estatales de su mismo partido o con los que han entablado alguna negociación.
"Las partidas de gasto en donde se concentran estos recursos adicionales cuentan con escasos controles para justificar su pertinencia. En estas condiciones, el presupuesto que realmente se ejerce es una caja negra, que poco a poco va revelando su contenido conforme se van ejecutando los recursos públicos", dice Edna Jaime, directora de la organización, que este martes presentó su estudio Arquitectura del Ramo 23.
El documento se centra en tres programas de dicho ramo, relativos a fortalecimiento financiero, programas regionales y contingencias económicas.
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Los consentidos de hoy
Durante este sexenio, destaca el caso del Estado de México, la entidad que el presidente Enrique Peña Nieto gobernó de 2005 a 2011 y que es bastión de su partido: el PRI.
Tan sólo en 2017, cuando el Edomex tuvo elecciones para elegir a un nuevo gobernador —el tricolor Alfredo del Mazo Maza—, recibió 8,601 millones de pesos del Ramo 23, lo que representó el mayor monto en este rubro.
El segundo lugar lo ocupó Michoacán, donde gobierna el perredista Silvano Aureoles, con 3,879 millones de pesos. En tanto, en tercera posición estuvo otra entidad priista, Guerrero, a la que le fueron transferidos 3,831 millones de pesos.
Los sitios cuarto y quinto los ocuparon, respectivamente, la Ciudad de México y Chiapas. La capital, gobernada por Miguel Ángel Mancera —quien llegó al cargo postulado por el PRD pero no milita en ningún partido—, obtuvo 3,564 millones de pesos. Y Chiapas, donde gobierna Manuel Velasco —impulsado en 2012 por una coalición PRI-PVEM—, consiguió 3,328 millones de pesos.
Y los castigados
En contraste, el estado más castigado este sexenio es Chihuahua, donde gobierna el panista Javier Corral y al cual en 2017 sólo se le transfirieron 70 millones de pesos. A principios de este año, Corral incluso acusó al gobierno de Peña Nieto de condicionarle la entrega de recursos en represalia por las investigaciones que su administración realiza en contra de su antecesor, el priista César Duarte.
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Otros estados castigados son Tlaxcala (PRI, 440 millones), Aguascalientes (PAN, 535 millones), Morelos (PRD, 577 millones) y Zacatecas (PRI, 589 millones).
El balance con Calderón
En 2011, penúltimo año del sexenio del panista Felipe Calderón (2006-2012), se observó un patrón similar, pues los estados más favorecidos fueron los de gobiernos del partido blanquiazul.
Así ocurrió con Sonora, primer lugar en este rubro, en el tiempo en el que aún gobernaba el panista Guillermo Padrés —actualmente detenido por presuntos actos de corrupción—. Entonces, la entidad del norte del país obtuvo 2,059 millones de pesos.
La segunda posición fue para Guanajuato, bastión panista desde la década de los 90, al que se asignaron 1,828 millones de pesos. Mientras tanto, los puestos tercero, cuarto y quinto fueron para Chiapas, entonces perredista, con 1,184 millones; Baja California Sur, panista, con 982 millones, y Querétaro, entonces priista, con 913 millones.
Igualmente, hubo estados castigados, todos ellos en ese tiempo gobernados por el PRI: Veracruz, Tlaxcala, Nuevo León, Nayarit, Colima y Coahuila. En 2011, ninguna de esas entidades obtuvo recursos de los programas analizados del Ramo 23.
