La violencia y el historial de gobernadores, puntos donde el CISEN no puso lupa

El Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), el órgano de inteligencia del gobierno federal, tiene 'orejas' que a veces no alcanzan a escuchar todo lo que sucede a su alrededor.

Una revisión a la Agenda Nacional de Riesgos (ANR) que el CISEN elaboró en 2004 muestra que la institución desde ese tiempo tenía en su radar problemas como el narcotráfico, aunque no veía venir todas las zonas por las que se extenderían los cárteles. De forma similar, tenía presente la importancia de las elecciones locales de ese año, pero no preveía que algunos de los candidatos participantes —quienes incluso llegaron a convertirse en gobernadores— enfrentarían acusaciones de corrupción y de nexos con el crimen organizado.

Más aún, el centro consideraba entonces que la relación de México con Estados Unidos pasaba por un buen momento, cuando la realidad demostraría que las tensiones serían constantes y, años más tarde, llevarían a ambos países a replantearse acuerdos bilaterales y discutir por asuntos comunes como seguridad y migración.

El peso del narcotráfico

La agenda de 2004 —obtenida mediante una solicitud de transparencia, luego de que terminó la reserva de 12 años que tiene este tipo de información— indica que el CISEN entonces tenía detectada una reestructuración de grupos delictivos y un aumento de los hechos violentos en las regiones Baja California-Sinaloa, Coahuila-Nuevo León-Tamaulipas y Jalisco-Michoacán. Sin embargo, en ese momento no se advertía el nivel de violencia que se alcanzaría en estos puntos.

Tan sólo en Michoacán, una organización criminal comenzaba a crecer. Se trataba de La Empresa, que después tomó el nombre de La Familia y finalmente tuvo una ramificación más violenta: Los Caballeros Templarios.

Desde su surgimiento, esta agrupación no solamente se dedicó al tráfico de drogas, sino que incluso buscó asumir labores propias del Estado, como cobrar "impuestos" a los ciudadanos con la finalidad de sostener sus actividades.

En diciembre de 2006, fue justo en Michoacán donde el presidente Felipe Calderón (2006-2012) inició una ofensiva frontal contra el crimen organizado, a la que la administración de Enrique Peña Nieto ha dado continuidad. En el marco de dicha estrategia, el país ha acumulado miles de muertos, poblaciones afectadas y fenómenos como la formación de grupos de autodefensa, en particular en el propio territorio michoacano.

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¿Y Tamaulipas?

En 2004, el CISEN veía a las elecciones previstas para ese año como un factor de riesgo para la seguridad nacional, debido a que se realizarían en medio de molestia por la inseguridad pública y expectativas de crecimiento económico.

Tamaulipas fue uno de los estados con comicios entonces, pero en la agenda del órgano de inteligencia no se menciona nada sobre quien gobernaba la entidad, Tomás Yarrington , ni tampoco sobre quien finalmente lograría sucederlo en el cargo, Eugenio Hernández .

Años más tarde, ambos políticos —en su momento postulados por el PRI— serían investigados por autoridades mexicanas y extranjeras debido a su relación con diversos delitos. Tanto Yarrington como Hernández son acusados de estar implicados en actividades criminales y de otros actos de corrupción, y los dos actualmente están detenidos y en espera de que se resuelva su situación jurídica. Yarrington se encuentra en Italia y espera su posible extradición a México o Estados Unidos, mientras que Hernández está en territorio mexicano y es solicitado por el gobierno estadounidense.

Los nombres de estos dos exmandatarios se suman a los de otros que también fueron arrestados por presuntos actos corruptos, como Andrés Granier, de Tabasco; Javier Duarte, de Veracruz, y Roberto Borge, de Quintana Roo. Además, otros están prófugos o enfrentan procesos en libertad, como es el caso de César Duarte, de Chihuahua, y de Rodrigo Medina, de Nuevo León, respectivamente.

Ni media "enchilada"

Acerca de la relación con Estados Unidos, la agenda del CISEN correspondiente a 2004 veía un escenario esperanzador, tanto con republicanos como con demócratas.

"El voto hispano asumirá mayor relevancia para republicanos y demócratas, por lo que se prevén iniciativas de apoyo a una reforma migratoria", decía el documento.

Sin embargo, lejos de que una reforma migratoria camine, el tema permanece atorado y el actual gobierno estadounidense, encabezado por el republicano Donald Trump, mantiene una política migratoria hostil en esta materia. La administración Trump incluso plantea construir un muro fronterizo que detenga a los migrantes y acusa a éstos de llevar delincuencia a su país.

Hasta ahora, México no ha logrado ni un pedazo de la "enchilada completa", aquel término con el que la presidencia de Vicente Fox (2000-2006) se refirió a una anhelada reforma migratoria integral a favor de los millones de mexicanos que viven en Estados Unidos.