La obra en Nayarit carecía de permisos y manifestación de impacto ambiental.(Facebook: Hector Santana)
Expansión Digital
Tras meses de denuncias y presión vecinal, autoridades de los tres niveles de gobierno derribaron un muro de roca y cemento construido de forma ilegal sobre la zona federal marítima en la playa Los Muertos, uno de los accesos más transitados de Sayulita, Nayarit.
La demolición, realizada el lunes 2 de junio de 2025, fue supervisada por el presidente municipal de Bahía de Banderas, Héctor Santana García, quien anunció que el espacio será destinado a un mirador público para el disfrute de pobladores y visitantes.
“Hoy derribamos el muro que impedía el libre acceso a la playa en Sayulita, porque las playas de Bahía de Banderas son para todas y todos, no para unos cuantos”, declaró el alcalde.
Publicidad
Así era el muro de Sayulita
El muro medía aproximadamente 35 metros de largo, entre 80 centímetros y un metro de ancho, y alcanzaba una altura cercana al metro y medio. Se había levantado paralelo a un camino de terracería que comunica el panteón local con la playa, una ruta frecuentemente utilizada por residentes y turistas.
Una inspección realizada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) el 11 de marzo reveló que la obra no contaba con los permisos necesarios ni con una manifestación de impacto ambiental. El responsable alegó desconocimiento de la normativa y justificó la construcción como una medida de protección para el camino. Ante la falta de documentación, la obra —que entonces tenía un avance del 60%— fue clausurada de forma temporal.
El 2 de junio de 2025, autoridades derribaron un muro ilegal en la playa Los Muertos, Sayulita.
“La defensa de los espacios públicos y la garantía del respeto a lo que es del pueblo es una prioridad”, subrayó Santana, quien reiteró que su administración no permitirá que intereses privados restrinjan el acceso a las playas. “El mar no tiene dueño”, sentenció.
El plan para el terreno liberado contempla la creación de un andador tipo malecón, con bancas, vegetación y un mirador con vista al mar. No obstante, la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano aún no ha fijado una fecha para el inicio de los trabajos.
La intervención se respalda en las reformas a la Ley General de Bienes Nacionales (LGBN), publicadas en el Diario Oficial de la Federación en octubre de 2020, que garantizan el libre acceso a las playas del país y prohíben cualquier intento de inhibir, condicionar u obstaculizar el tránsito hacia la zona federal marítimo terrestre.
Dicho decreto, presentado por el Congreso y firmado por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, busca frenar la apropiación privada del litoral y asegurar el derecho de todas las personas a disfrutar del entorno costero.
En caso de que no existan caminos públicos hacia una playa, la ley obliga a los propietarios colindantes a permitir el acceso, mediante una vía acordada con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), que puede otorgar compensaciones conforme al reglamento.
La normativa también establece sanciones de entre 3 mil y 12 mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) a quienes obstaculicen el acceso. En caso de reincidencia, se podrá revocar la concesión, permiso o autorización correspondiente.
