Panistas buscan blindar salida de García Cabeza de Vaca creando superfiscalía

La coordinadora de los diputados de Morena en Tamaulipas, Úrsula Patricia Salazar Mojica, advierte que con estas modificaciones en Tamaulipas se quiere blindar al gobernador saliente así como a funcionarios que hayan incurrido en irregularidades durante el actual gobierno.

“Es un blindaje a la corrupción del gobierno saliente panista, no solo del titular del Ejecutivo, sino de todos sus cómplices que le ayudaron a hacer todo este gobierno desastroso durante los últimos cinco años”, sostiene.

Dos días antes de concluir el periodo ordinario de sesiones, la bancada de Acción Nacional presentó una iniciativa para modificar la ley de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas, la ley de Coordinación del Sistema de Seguridad Pública, y la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas.

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Durante la última sesión de la legislatura que inició el 30 de junio y se prolongó a la madrugada del 1 de julio, la mayoría panista dio su aval para trasladar a la Fiscalía General de Tamaulipas al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (Sesesp), a la Unidad de Inteligencia Financiera del Estado (UIFE), a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), al Centro de Análisis, Información y Estudios de Tamaulipas (CAIET), el C-4 y el C-5.

El bloque de Morena manifestó su rechazo. Úrsula Salazar advierte que si Irving Barrios nombra al encargado de la UIFE los señalamientos por lavado de dinero podrían quedar impunes y también los actos de corrupción en los que pudo haber incurrido.

La Fiscalía General de la República investiga a Francisco García Cabeza de Vaca por delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal. El Congreso de la Unión votó a favor de su desafuero para que pudiera enfrentar las acusaciones legales, sin embargo, el Congreso del estado votó por rechazar el juicio de procedencia en su contra, evitando que se le quitara el fuero.

En septiembre pasado, el Congreso realizó otro movimiento para proteger a García Cabeza de Vaca: aprobaron una iniciativa para prohibir al fiscal reelegirse pero también que pueda ser removido por mayoría simple de la legislatura, por lo que se requiere de mayoría calificada. Morena, el partido del que emana el próximo gobernador no tiene la mayoría para remover a Irving Barrios Mojica.

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El virtual gobernador, Américo Villarreal presentó una acción de inconstitucionalidad para dar revés a lo aprobado por Acción Nacional pues pretende quitarle atribuciones que corresponden al Poder Ejecutivo a una Fiscalía, particularmente el traslado de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública a la Fiscalía.

Santiago Nieto, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y coordinador del gabinete de transición del Gobernador electo, afirmó que lo aprobado en el Congreso no solo busca quitarle estabilidad y atribuciones al gobierno entrante, sino blindar a Cabeza de Vaca pues el actual fiscal con “súper poderes” permanecerá hasta 2025, evitando así que llegue un fiscal que investigue presuntos delitos cometidos en el sexenio que está en su ocaso.

En diversos posicionamientos ante medios de comunicación, el extitular de la UIF advirtió que existe el riesgo de que las acusaciones contra García Cabeza de Vaca y sus “secuaces” no sean judicializadas al tener funcionarios afines al mandatario panista en puestos clave.

Integrantes de Acción Nacional defienden lo votado. Félix Fernando García Aguiar, coordinador de los legisladores panistas, afirmó que lo aprobado es parte de un compromiso que se hizo con los ciudadanos para la seguridad y el bienestar y que no es contra el virtual gobernador Américo Villarreal.

“Con las reformas a la Ley de Coordinación del Sistema de Seguridad Pública, a la Ley de Seguridad Pública y a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia, la fracción parlamentaria del PAN fortalece a las Instituciones de Seguridad del Estado, a fin de evitar que una alteración a la política de seguridad provoque retroceder los logros que en esta materia ha generado el Estado”, afirmó el legislador.

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Sin embargo, para la coordinadora de Morena, estas modificaciones tienen fines políticos, pues de lo contrario, debieron haber impulsado esas modificaciones años atrás.

“Si esto era tan importante para este gobierno que va de salida, por qué no hicieron esa superfiscalía al inicio de este gobierno, por qué hacerlo ahorita, esto indica que es un blindaje a la corrupción que se está llevando”, pregunta la coordinadora de los diputados de Morena.

La decisión final de si se mantiene o no lo aprobado por el Congreso de Tamaulipas está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), instancia ante la que se interpusieron acciones de inconstitucionalidad.