Con amparos, 94 mujeres buscan despenalizar el aborto en Quintana Roo

Mariana Belló, de Gobernanza Mx, organización que trabaja temas de género, explicó en conferencia de prensa que las 94 mujeres de distintos municipios de Quintana Roo interpusieron amparos colectivos con el objetivo de que la justicia federal ordene al Congreso de Quintana Roo modificar el Código Penal, declarando la inconstitucionalidad de los Artículos 92, 93 y 97 fracción II, para respetar el derecho a decidir de las personas gestantes.

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Si bien Belló aclaró que ninguna de las 94 mujeres quejosas se encuentran cursando un embarazo, señaló que como personas con capacidad de gestar, “ven en la criminalización una amenaza potencial”.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad, entre 2007 y 2006 se efectuó prisión preventiva en contra de ocho personas, cuatro hombres y cuatro mujeres por haber cometido aborto. Además informó que las tres personas que han sido encarceladas por el delito de aborto durante 2020 han sido hombres, por haber provocado el aborto a mujeres gestantes.

Aborto por violación

En los amparos se pide también eliminar el plazo límite de 90 días para el aborto por violación, acorde a lo establecido por la SCJN, que declaró la inconstitucionalidad de la criminalización en este supuesto.

“La importancia de eliminar el lapso como requisito para acceder a un aborto por violación no es algo nuevo ni siquiera que esté en la legislación mexicana. La Corte Interamericana ha dicho que obligar a maternar en estas condiciones se considera un caso de tortura”, dijo a Expansión Política Silvia Chuc, también de Gobernanza Mx.

Vanesa González-Rizzo, especialista en temas de género, comentó que actualmente acompaña el caso de una niña violada por su primo, que resultó embarazada y que no evaluaron opciones de denuncia y aborto, sino hasta los cinco meses de embarazo. La activista dijo que no es caso aislado, sino que son varias las niñas con casos similares que han asesorado legalmente.

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Desde la pandemia, Quintana Roo figura en los primeros lugares con respecto a índices de violación, con 794 carpetas de investigación por ese delito tan solo en 2021.

“En el caso de nuestro estado, la violencia sexual es uno de los principales delitos contra las mujeres y niñas. A raíz de la pandemia esto creció terriblemente, al grado de llegar a ser la primera entidad del país con más casos de violación. Derivado de esto, seguro han habido embarazos, producto de esta relación. Y limitar el acceso al aborto en una temporalidad en casi de violación, va en contra de todos los lineamientos de la dignidad de las víctimas Además, las víctimas, muchas veces, denuncian hasta que pueden, no cuando quieren”, añadió Chuc.

Toma del Congreso y bateo legislativo

El tema ha sido planteado por grupos feministas desde hace dos años. El 25 de noviembre de 2020, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, tras la marcha de colectivos feministas, las manifestantes anunciaron un plantón indefinido en la explanada del Congreso local, en Chetumal, hasta que se cumpliera un pliego petitorio de 50 demandas, incluidas la del aborto.

El plantón se convirtió en una toma del Congreso por varias semanas que sirvió como presión para conseguir la discusión de la reforma para despenalizar el aborto. Cuatro meses después, las organizaciones liberaron el recinto para dar paso a la discusión.

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En la sesión del 2 de marzo de 2021, los 25 diputados discutieron el Dictamen con Minuta Proyecto de Decreto por el que se reformaba el párrafo primero del artículo 13 de la Constitución local, diversas disposiciones del Código Penal, así como la reforma y adición de disposiciones de la Ley de Salud del Estado. Por mayoría de votos, fue rechazado.

María Cristina Montejo Briceño, parte de la Colectiva Feminista Ajal Yaakun, tramitó un amparo en contra del rechazo a la aprobación del dictamen, que fue rechazado en los juzgados. Luego en julio, otra mujer tramitó otro amparo, con el que reclamaba la aprobación, promulgación, orden de publicación y efectos de los artículos 92, 93 y 97, fracción II del Código Penal para el Estado de Quintana Roo, que criminalizan el aborto voluntario.

El 3 de enero pasado, el Juzgado Tercero de Distrito con sede en Cancún le dio la razón y declaró inconstitucional la penalización del aborto en Quintana Roo. Antes, en septiembre, la SCJN ya había hecho descriminalizado la interrupción del embarazo, pero han pasado 10 meses y el Congreso aún no ha adecuado los ordenamientos legales.

Es por ello que se han emprendido acciones jurídicas para que todas las mujeres y personas gestantes en la entidad puedan acceder con libertad y seguridad a sus derechos sexuales y reproductivos tal como establece la Constitución, señaló Mónica Franco, de la organización.

Viviana Caamal, de Gobernanza Mx, presente en la conferencia virtual, hizo un llamado a los diputados electos, quienes conformarán la XVII Legislatura. “Confiamos en que ahora ustedes no solo hagan lo correcto sino lo justo, alejados y alejadas de intereses personales, de grupo o de creencias e ideologías”, dijo Caamal.

En el amparo se pide al gobernador Carlos Joaquín (PAN) y a la Secretaría de Salud que dispongan de servicios de salud del estado para aborto voluntario, que sean accesibles, gratuitos, confidenciales, seguros, expeditos, no discriminatorios y con altos estándares de calidad para cualquiera que lo requiera y difundir ampliamente sobre el derecho y los servicios que otorga el estado para ello.