La comunidad nahua de San Juan Huitzontla, ubicada en el municipio de Chinicuila, en Michoacán, ganó la batalla a dos empresas mineras dedicadas a la extracción de hierro en estas tierras sin antes haber consultado a los pobladores.
La sentencia a favor de San Juan Huitzontla se emite cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se prepara para analizar este 2 de febrero un amparo presentado por la comunidad indígena de Tecoltemi, en la Sierra Norte de Puebla.
El pasado 21 de enero, el juez Sexto de Distrito con sede en Uruapan, Michoacán, concedió un amparo a esta comunidad nahua contra el otorgamiento por parte de la Secretaría de Economía de títulos de concesión minera.
En total, la comunidad logró frenar la operación de seis concesiones otorgadas a la minera Las Truchas, de la empresa ArcelorMittal, y a la unidad minera Las Encinas, de la Siderúrgica Ternium.
El juez consideró que con el otorgamiento de los permisos, tanto la Secretaría de Economía como las empresas ignoraron el derecho de la comunidad a ser consultada de manera libre, previa e informada.
El fallo se emitió después de tres años de emprendido el proceso legal, el cual fue representado por el Centro Prodh. Así, la sentencia dictada dentro del juicio de amparo 590/2018 reconoció la violación a los derechos de la comunidad indígena y declaró la suspensión de los títulos de concesión minera a las dos empresas hasta que la comunidad sea consultada.
De esta manera, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Economía, debe abstenerse de impugnar la resolución obtenida por la comunidad de San Juan Huitzontla. De no hacerlo, vulneraría los derechos colectivos de protección a la tierra y al territorio indígena que está obligado a proteger.
En un comunicado, el Centro Prodh lamentó que pese a la transición política que se vivió en 2018, el Ejecutivo federal mantiene las mismas condiciones contrarias a los derechos indígenas ante las concesiones de la industria privada, y por tanto, los litigios que desde hace más dos sexenios emprendieron las comunidades.
📍 Como en #Huitzontla, la #LeyMinera ha permitido concesiones a empresas para la explotación de los minerales sin consentimiento de pueblos y comunidades indígenas. La @SCJN tiene la oportunidad de revisar este trato discriminatorio.#Comunicado https://t.co/clgidFl6Zy pic.twitter.com/zF5AkC4pwt
— Centro Prodh (@CentroProdh) January 31, 2022
La lucha de Huitzontla contra la minería se suma a la de múltiples comunidades que han acudido al Poder Judicial de la Federación para exigir el respeto a su derecho a la consulta y a la defensa de su territorio.
Un ejemplo es la comunidad indígena de Tecoltemi, en la Sierra Norte de Puebla, que presentó el amparo 134/2021, el cual será analizado este 2 de febrero por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El recurso, acompañado legalmente por la organización civil Fundar, busca que el máximo tribunal del país no solo cancele los títulos de concesión minera, sino que declare inconstitucional e inconvencional la Ley Minera "por vulnerar los derechos a la tierra y el territorio de los pueblos indígenas".
Debido la trascendencia de la discusión, el Centro Prodh presentó una amicus curiae ante la Corte, en el que se resalta el impacto negativo que genera la actividad minera a gran escala para cientos de comunidades en México.
Además, se evidencia la incompatibilidad de la Ley Minera vigente con la Constitución Política federal y los tratados internacionales firmados y ratificados por México en materia de derechos humanos y protección al medio ambiente.
"Si la SCJN no realiza un análisis profundo sobre la Ley Minera, se seguirá validando una legislación que permite concesionar sus tierras y territorios sin considerar la obligatoriedad de que se les consulte y se obtenga el consentimiento libre e informado", alertó el Centro Prodh.
De validarse de nuevo la Ley Minera, agregó el colectivo, las comunidades y pueblos indígenas, históricamente vulnerados, tendrían que acudir una y otra vez a juzgados y tribunales para demandar las graves afectaciones que la explotación de minerales ocasiona en la vida comunitaria, en condiciones de desigualdad frente a las empresas mineras.
Mientras se desarrolla en análisis de la Ley Minera, comuneros de Aquila, también en Michoacán, denunciaron al magistrado Jorge Arturo Bernal y a Juan Carlos Robles, secretario de acuerdos del Tribunal Unitario Agrario 38 (TUA), por otorgar derechos a un grupo minoritario de esa comunidad nahua que busca obtener regalías de la empresa minera Ternium sin ser parte de los beneficiarios, según reportó el diario La Jornada .
Según el medio, en el 2012, tras una larga batalla legal, los comuneros de la cabecera municipal de Aquila lograron que la empresa trasnacional Ternium les pagara regalías por la extracción diaria de más de 10,000 toneladas de hierro, lo que les permitió a cada uno de ellos obtener entre 14,000 y 18,000 pesos mensuales.
Pero desde hace cinco años, sin ningún sustento legal, un grupo de habitantes de la misma comunidad ha buscado obtener parte de las regalías.
Por ello, esta comunidad de Aquila se suma a la exigencia de una revisión integral de la legislación en la materia, proceso en el que la inminente decisión de la Corte es fundamental.
En tanto, el Centro Prodh manifestó que la mayoría de las pueblos indígenas en México no cuentan con condiciones materiales para sostener largos litigios contra poderosos intereses económicos, por lo que reiteró su llamado a la Corte a garantizar los derechos de las comunidades ante la actividad minera.
