El fiscal general de Chihuahua, César Peniche, detalló este jueves cuáles son los pasos a seguir para eventualmente extraditar y procesar al exgobernador César Duarte, luego de que este fue detenido el miércoles en Florida, Estados Unidos.
De acuerdo con Peniche, debido a los trámites judiciales que deben realizarse, aún no hay certeza de cuándo Duarte será presentado a las autoridades mexicanas.
Duarte será presentado este viernes 10 de julio, a través de video debido a la pandemia de COVID-19, ante la jueza Lauren F. Louis, del Distrito Sur de Florida, de acuerdo con la agencia Efe.
A partir de eso se tendrán que definir varios aspectos, como los relacionados con su libertad personal. Posteriormente, el juez tendrá que fijar una fecha de audiencia para las exposiciones de las autoridades de EU y de la defensa.
"La expectativa es todavía incierta en cuanto al tiempo que habrá de durar este proceso. No será inmediato (...) En el momento en que se lleve a cabo esta primera audiencia, nosotros podremos tener ya una expectativa de cuáles serán más o menos los tiempos que tardará en resolverse esta petición de extradición y que finalmente él comparezca ante los tribunales de nuestro país", dijo Peniche.
También detalló que la solicitud de extradición se basa solo en una carpeta de investigación en la que se acusa al exgobernador de peculado y asociación delictuosa.
Durante una videoconferencia de prensa, el gobernador Javier Corral, el fiscal y Jorge Alberto Espinoza, consejero jurídico de Chihuahua, detallaron cuáles son las investigaciones pendientes contra Duarte.
Corral dijo que con esta Operación Justicia para Chihuahua se busca restituir al estado el dinero que, según las autoridades, Duarte le arrebató.
"Esta es una acción del Ministerio Público del estado de Chihuahua para hacerle justicia al pueblo de Chihuahua, al que se le arrebataron cuantiosos recursos públicos que debieron servir para educación, salud, infraestructura, crecimiento económico", señaló.
También continúan las investigaciones respecto de la Operación Safiro, en las que Duarte es señalado de desviar 250 millones de pesos de recursos públicos para financiar campañas del PRI. En ese esquema está involucrado el exsecretario general adjunto del partido, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, y el caso ya fue llevado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por la vía de amparos.
"Lo que se busca es reponer todo este proceso e investigación, que primero se atrajo a la Federación mediante maniobras por malas actuaciones de ministerios públicos federales de la extinta PGR, y luego se exoneró a Duarte sin siquiera tomar en cuenta al estado de Chihuahua en su carácter de víctima", dijo Corral.
También aseguró que Duarte gozó de la protección de partidos, instituciones y gremios, posiblemente generada a través de la compra de silencios.
El consejero jurídico del estado agregó que en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) también se tiene una investigación contra el exgobernador.
"En caso de que existiese un proceso abierto por el delito de lavado de dinero, será llevado ante un juez federal, pero de ninguna manera será una competencia de quién se queda o no con los procesos, sino que cada fiscalía y juez determinará los procesos a seguir", dijo.
Respecto de si las investigaciones contra Duarte podrían llevar a indagar al expresidente Enrique Peña Nieto, Corral señaló que al menos hasta ahora no hay aspectos que vinculen al exmandatario federal, pero sostuvo: "Es público el tema del desvío multimillonario de recursos públicos del estado de Chihuahua, que se dirigieron a las campañas del PRI nacional, en un concierto previo con la Secretaría de Hacienda federal".
Corral incluso consideró que Peña Nieto buscó frenar el caso con una controversia constitucional ante la Suprema Corte.
Al respecto, el consejero jurídico dijo que aún están en trámite recursos de la fiscalía estatal y de la propia consejería, con el fin de modificar los efectos de la suspensión sobre todas las indagatorias locales.
