El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó este miércoles que el exgobernador interino de Coahuila, Jorge Torres López, detenido en 2019, se declaró culpable del delito de lavado de dinero.
El fiscal Ryan K. Patrick informó que el priista admitió haber realizado transacciones financieras EU para ocultar los sobornos que recibió a cambio de contratos de construcción de carreteras para el estado de Coahuila.
La jueza de distrito de EU, Nelva González Ramos, fijó la sentencia en contra del exmandatario estatal para el 10 de septiembre.
Al declararse culpable, Torres López acordó perder una propiedad en Estados Unidos que está asociada con los pagos que recibió cuando era funcionario en Coahuila.
En ese momento, el exgobernador enfrenta hasta 20 años de cárcel en una prisión federal, así como una multa de 500,000 dólares.
El gobierno estadounidense señaló que Héctor Javier Villarreal Hernández, extesorero de Coahuila y subalterno de Torres López, también fue declarado culpable de lavado de dinero y se encuentra a la espera de su sentencia.
Como militante del PRI, inició su carrera política en 1994 al ser designado director de Promoción y Fomento Económico de Coahuila por el entonces gobernador, Rogelio Montemayor
De 2000 a 2002, fue tesorero del ayuntamiento de Saltillo, y de 2003 a 2005 fue contralor del mismo, cuando Humberto Moreira era alcalde.
En diciembre de 2005,cuando Moreira rindió protesta como gobernador, Torres López fue designado secretario de Finanzas, cargo en el que permaneció hasta 2007, cuando asumió la alcaldía de Saltillo en sustitución de Fernando de las Fuentes Hernández. Se quedó ahí hasta diciembre de 2009.
En enero de 2010 volvió al gobierno del estado como secretario de Desarrollo Social, nombrado por Humberto Moreira, y en 2011 asumió la gubernatura interina.
Desde 2016, Jorge Torres era uno de los más buscados por la DEA por sus presuntos nexos con el crimen organizado. Fue detenido en febrero de 2019 en Puerto Vallarta, Jalisco, extraditado a Texas en octubre del mismo año.
En 2013, el gobierno de Coahuila presentó una denuncia ante la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado en contra del exgobernador, por su posible responsabilidad en el delito de lavado de dinero.
Ese mismo año, la justicia de Estados Unidos, en una corte de Corpus Christi, Texas, abrió una investigación sobre 12 casos de manejo de recursos ilícitos y uso de dinero de sobornos en bienes inmuebles y cuentas bancarias.
El monto implicado ascendía a 26 millones de dólares que se relacionaban a Torres y al extesorero del estado, Javier Villarreal Hernández.
