Acapulco, Guerrero.- El asesinato de 10 músicos indígenas el pasado 17 de enero en el municipio de Chilapa, nuevamente sacudió a la entidad e hizo poner los ojos a un grupo criminal que mantiene amenazados a los pobladores de la Montaña Baja de Guerrero: “Los Ardillos”.
Los músicos que trasladaban sus instrumentos en dos camionetas por una carretera fueron secuestrados, asesinados y cinco de ellos calcinados por este grupo, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE).
Desde hace casi 20 años se conoce la existencia de un grupo armado que fue integrado por la familia del expolicía rural Celso Ortega Rosas,‘la ardilla’, y por lo menos, tres de sus siete hijos.
Hoy, las ramificaciones de poder de ese grupo alcanzan el control de rutas de la droga desde la montaña de Guerrero a estados del centro y la frontera del país.
"Para tener ese nivel de poder, tuvieron que haber hecho alianzas con otros cárteles", dice en entrevista el presidente del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, Abel Barrera.
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Sin embargo, el contexto de violencia en Chilapa y municipios aledaños se ha complicado con la conformación, desde hace seis años, de una supuesta policía comunitaria identificada como Movimiento Paz y Justicia, quienes han sido vinculados con miembros de 'Los Ardillos'.
Esos dos grupos mantienen una disputa también con la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF), que dirige David Sánchez Luna, y quien asegura son los únicos que buscan la pacificación de sus pueblos, pero sin doblegarse ante el narco.
El grupo criminal 'Los Ardillos` fue creado hace casi 20 años en las comunidades más apartadas de Chilapa, zonas en donde es casi imposible el acceso, lo que la convierte en una región ideal para la siembra de amapola y el trasiego de la droga.
José Díaz Navarro, coordinador del Colectivo Siempre Vivos –un grupo creado tras la desaparición de 30 pobladores entre el 9 y 14 de mayo del año 2015 tras la incursión de al menos 300 hombres armados de 'Los Ardillos'–, afirmó que desde hace al menos una década ese grupo comenzó a tener “gran poder”.
Ese grupo criminal ha “comprado” a policías, autoridades municipales y su influencia llegó hasta el Congreso del estado, cuando uno de los hijos del fundador, Bernardo Ortega Jiménez, se convirtió en diputado y coordinador de la bancada del PRD.
Díaz Navarro ha pedido en reiteradas ocasiones una investigación en contra de dicho perredista, lo que lo llevó a tener que abandonar Chilapa desde el 2018, tras un cúmulo de amenazas en su contra.
La vida política de Bernardo Ortega lo llevó a ser alcalde de Quechultenango en el periodo de 2002-2005, además ha sido diputado local por el PRD en dos ocasiones.
El político ha negado en diversas ocasiones formar parte de ‘Los Ardillos’, y aunque no ha negado su vínculo familiar, ha dicho que no tiene la culpa del camino que tomó su familia.
“Yo no lo niego. No me consta ni lo niego. Quiero decir que no lo afirmo, pero tampoco lo niego. No voy a negarlos, al final de cuentas son mis hermanos, pero eso no quiere decir que yo sea responsable de las acciones que ellos realicen”, dijo hace cinco años a un medio nacional.
De acuerdo con informes de Seguridad Pública, 'Los Ardillos' trabajaron con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva, lo que les permitió extender su poder en más de 55 kilómetros de territorio estratégico de los municipios de Chilapa, Quechultenango y Zitlala.
El presidente del Centro de Derechos Humanos de La Montaña, Abel Barrera dijo en entrevista, que miembros del grupo han extendido sus alianzas con cárteles y su poderío es evidente con el armamento que utilizan.
Barrera considera que el poder que han acumulado es vía a una que han lograron “capturar” a las corporaciones de seguridad pública municipales.
“Los policías han sido comprados por este grupo, han creado pactos de impunidad con alcaldes, hay toda una clase política involucrada. Hicieron pactos que les dieron todo el poder, les han dado cargos hasta en el Congreso del Estado”, dijo.
De acuerdo con el activista, ese grupo criminal logró ampliar sus rutas de trasiego de droga y también diversificar sus actividades ilícitas, lo que ha elevado el nivel de violencia en Chilapa con casos de extorsión y desapariciones.
“Eran invisibles, pero mostraron su poder desde que irrumpieron en Chilapa”, dijo Barrera sobre el hecho de mayo de 2015, en donde a la vista de autoridades y fuerzas de seguridad se llevaron consigo y desaparecieron a por lo menos 30 pobladores.
La situación de la violencia en Chilapa y sus municipios aledaños se vislumbra lejos de terminar, pues no solo mantienen una disputa con la policía comunitaria de la CRAC, sino también con otro grupo criminal: Los Rojos.
Con el casi mismo nivel de poder en armamento, ese grupo criminal formaba parte del Cártel de los Beltrán Leyva, pero tras la caída de sus dirigentes y la fractura interna decidieron no aliarse a Los Ardillos, y se conformaron en un solo grupo.
De hecho, de acuerdo con informes de Seguridad Pública estatal, se vincula a Los Rojos de haber asesinado en 2011 al líder de 'Los Ardillos', Ortega Rosas, justo afuera de su casa.
La masacre del pasado 17 de enero de este año recordó el problema latente que hay en la montaña. En 2018, el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo reconoció que esa zona era una de las de mayor riesgo para realizar campañas electorales, pero ese mismo panorama se presentó en 2015.
Hace dos años, Chilapa fue catalogada como
la segunda ciudad más violenta del país por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia penal, con una tasa de 134.80 homicidios por cada 100 mil habitantes.
En los últimos dos meses han sido desplazadas 35 personas de una comunidad apartada de Chilapa por la violencia que se vive en esa zona ante los constantes enfrentamientos.
La gravedad de la inseguridad, ha provocado que las familias dejen de enviar a sus hijos a la escuela, pues temen que sean desaparecidos. Muchos niños deben hacer recorridos de hasta 40 minutos para poder estar en un salón de clases.
“Se debe atender el asunto educativo porque ya no mandan a sus hijos a la escuela, deben caminar mucho para poder llegar a las escuelas. La situación es delicada”, dijo el activista Abel Berrera.
En enero, una veintena de menores fueron presentados como policías comunitarios en el municipio de Chilapa de Álvarez, con el fin de ayudar a combatir a los grupos violentos que azotan a su comunidad y a la región.
Tras el asesinato de los 10 músicos indígenas el pasado 17 de enero, se ha elevado la seguridad y presencia de las autoridades de los tres niveles de gobierno, pero de acuerdo con el dirigente del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, se debe buscar el desarme de todos los grupos criminales y las supuestas policías comunitarias.
“Si no se dan resultados a los crímenes, si el Centro Nacional de Pueblos Indígenas no atiende a estos pueblos indígenas, no se les siga marginando, esto no va a cambiar. Se requiere una acción titánica, son regiones muy marginadas, han sido zonas de nadie y ante las ausencias de las instituciones por años fue ocupada por la delincuencia”, apuntó.
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