“Y ahora en esta etapa de las campañas se junta otro límite constitucional que es la prohibición, que es prohibir la propaganda gubernamental para no difundir logros de gobierno”, recordó.
Sin embargo, indicó que la Comisión ha recibido y revisado diversas quejas en ese sentido, por lo que, dijo, es preciso dar eficacia a las medidas cautelares.
“Sí hay claridad respecto de los límites constitucionales y tienen que coadyuvar quienes suben a los sitios oficiales a atener una información que no rebase estos límites constitucionales y eso es responsabilidad de las y los servidores públicos”, expresó.
El consejero Arturo Castillo dijo que el hecho de que una persona no sea perito en la materia no lo exime de la responsabilidad de lo previsto en el artículo 134 constitucional.
Esta decisión se toma tras los argumentos vertidos por su Rita Bell López, en el sentido de que la vocería del gobierno de la República es un órgano que no está especializado en materia electoral.
Además, no tiene la capacidad técnica cuando se está ante expresiones de carácter electoral: “Si para nosotros de repente como comisión es complicado determinarlo”, expresó.
