El Instituto de Transparencia indicó que el decreto publicado ayer por el presidente “se encuentra en los mismos términos del Acuerdo de noviembre de 2021 y, en ese sentido, viola la suspensión otorgada por el Máximo Tribunal, lo cual podría representar una restricción al acceso a la información relacionada con esas obras como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, los aeropuertos de Palenque, Chetumal y Tulum, entre otras”.
“Es importante precisar que la suspensión se encuentra vigente, debido a que la controversia constitucional no ha sido resuelta en su totalidad”, apuntó el INAI.
“Si bien en la sesión de ayer, el Pleno de la Corte determinó la invalidez del Acuerdo del 22 de noviembre de 2021, lo cierto es que no se dictaron los efectos de la sentencia, con lo cual no se puede considerar como un asunto totalmente concluido. Por tanto, debe quedar claro que los efectos de la suspensión no han cesado”, anotó.
Además del recurso de queja, el INAI pidió a la Suprema Corte que los efectos de la sentencia de la controversia 217/2021, que se prevé sean dictados en la sesión del próximo lunes 22 de mayo, “se hagan extensivos al decreto publicado ayer, debido a la similitud existente, toda vez que en ambos se catalogan como de seguridad nacional e interés públicos las obras de infraestructura a cargo del Gobierno federal, lo cual afecta el derecho a saber de la sociedad”.
Horas antes del segundo decreto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) había invalidado, por ocho votos contra tres, el acuerdo del Ejecutivo Federal que declaraba de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo de su gobierno, lo que le permitía no entregar información sobre el desarrollo de las obras e incluso, asignaciones directas de contratos para la realización de éstas.
El presidente López Obrador rechazó hoy que con el nuevo decreto se busque “burlar” la decisión de la Corte y sentenció que en caso de ser nuevamente impugnado, se procederá conforme a la Ley.
De acuerdo con el consultor en Derecho Constitucional y Electoral Joel Reyes, la controversia presentada por el INAI se trata de un instrumento que está diseñado justo para cuando un órgano autónomo siente que una norma o una ley invade su esfera de atribuciones.
