El instituto resaltó además que la desaparición de las 300 juntas ejecutivas distritales pone en riesgo la confección del padrón electoral, la instalación de casillas y los cómputos de los votos, así como la fiscalización de las actividades de los partidos políticos y de las campañas electorales.
Además, añadió, el monitoreo de todas las estaciones de radio y televisión del país y el cumplimiento de las obligaciones dirigidas a combatir la violencia política contra las mujeres en razón de género.
El INE recordó que los trabajadores que integran el SPE o servicio profesional de carrera llegaron a sus cargos por procedimientos de reclutamiento señalados en la ley –como son los concursos públicos abiertos– por lo que se someten todos los años a una evaluación de su desempeño y son sujetos a un programa de formación y capacitación permanente.
“Despojarlos de sus puestos de trabajo, cuando no han cometido falta alguna, sino que al contrario, han entregado buenas cuentas a la ciudadanía, es atentar contra sus derechos laborales”, indicó el órgano electoral.
