El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó sanciones por 673 millones de pesos a los partidos políticos nacionales y locales por diversas irregularidades en 2021. Del total, 323.4 millones de pesos, el 48%, corresponden a Morena.
El consejero Jaime Rivera, presidente de la Comisión de Fiscalización, explicó que esta revisión es una actividad institucional que constituye “uno de los pilares del sistema electoral de nuestro tiempo”.
Al presentar el dictamen consolidado de la revisión de los Informes Anuales de los ingresos y gastos que presentan los partidos políticos nacionales y locales, correspondientes al ejercicio 2021, dijo que la revisión establece mecanismos y reglas de financiamiento para los partidos políticos y, al mismo tiempo, un esquema exigente y eficiente de rendición de cuentas.
En sesión pública, detalló que para llegar a los dictámenes consolidados finales, la Unidad Técnica de Fiscalización recibió y revisó 718 informes anuales presentados por 80 sujetos obligados: 10 de partidos políticos nacionales y 70 locales.
Además, afirmó que todos los partidos políticos, sin excepción, fueron escuchados, se recibieron sus aclaraciones y, eventualmente, esto permitió disminuir en algo sus sanciones.
El 95% de las sanciones están concentradas en los partidos políticos nacionales y con acreditación local, y el 5% en partidos políticos locales.
Además, el 82% de éstas se concentran en cinco partidos políticos:
-Morena, 323.4 mdp (48%).
-Partido del Trabajo (PT), 72 mdp (11%).
-Partido Revolucionario Institucional (PRI), 54 mdp (8%).
-Partido Acción Nacional (PAN), 52.8 (8%).
-Partido Verde Ecologista de México (PVEM), 48.8 mdp (7%).
El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, sostuvo que la función fiscalizadora conferida al Instituto puede resumirse, “ni más ni menos, que en el propósito común de garantizar la legalidad y transparencia en el ejercicio de los recursos entregados a los partidos políticos y cerrarle el paso al financiamiento ilegal de la política”.
Desde hace más de dos décadas, recordó, “la autoridad electoral ha venido perfeccionando un sistema de fiscalización que busca transparentar el financiamiento de las campañas electorales y generar un modelo de rendición de cuentas sobre los cuantiosos recursos que reciben los partidos políticos, también para financiar sus actividades ordinarias”.
