Garantizar agua, el gran reto para la próxima gobernadora de Aguascalientes

En este contexto, el abastecimiento de agua es una de las banderas políticas favoritas en el presente proceso electoral. Entre el 50 y el 60% del total de viviendas no cuentan con el servicio las 24 horas del día, por lo que tener agua potable constituye una de las principales exigencias de la población en los once municipios de la entidad.

De acuerdo con especialistas, el reto es enorme, involucra una planeación a largo plazo que requerirá la transformación del sistema hídrico con políticas transversales, y negociaciones importantes no solo en la entidad sino también en la región.

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Pero, hasta ahora, las candidatas Tere Jiménez, de la alianza PAN-PRI y PRD; Nora Ruvalcaba, de Morena; Anayeli Muñoz, de Movimiento Ciudadano; Martha Márquez, de la alianza PT y Partido Verde; y Natzielly Rodríguez, de Fuerza por México; han presentado propuestas insuficientes para solventar las necesidades del estado en este rubro.

Para Alex Ricardo Caldera Ortega, oriundo de Aguascalientes, especialista hídrico y catedrático de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guanajuato, uno de los factores fundamentales para garantizar la buena gestión del agua es una estrategia que ponga en la balanza la demanda para consumo humano e industrial, y las reservas que tiene el estado.

“Aguascalientes vive con estrés hídrico dada la situación del ciclo hidrosocial del agua que ha generado mayor presión por el tipo de actividad económica que requiere de dicho recurso. El estado depende 100% del agua subterránea para el consumo humano, para la actividad industrial –que ha ido acumulando derechos en los últimos años– y el 75% para la agricultura, mientras que el agua superficial está concesionada al 100% para la agricultura”, dice.

Acaparadores del agua

De acuerdo con una consulta al Registro Público de Derechos de Agua (REPDA), perteneciente a la Conagua, en Aguascalientes hay 6,328 títulos de concesión para explotar agua. De estos, 2,540 son para uso agrícola, 1,640 para uso de tipo público-urbano y 580 para actividades pecuarias. El resto se divide entre actividad agroindustrial, doméstica, de servicios, industrial y en menor medida para la industria de la acuacultura.

Los mayores explotadores de agua son personas de la iniciativa privada dedicadas a actividades ganaderas, lecheras, maquiladoras y empresas inmobiliarias, una actividad económica que ha registrado un crecimiento sostenido en los últimos años.

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De acuerdo con Caldera Ortega, en ese sentido, el caso de Nuevo León ha sido ilustrativo, respecto a garantías constitucionalmente reconocidas como el derecho humano al agua, que implica que el esquema de política pública prioriza los usos de consumo humano frente a los otros usos.

“Ahí (en Nuevo León) vimos cómo el sector económico se resistió y se negó a cambiar este consumo, lo cual los puso en una situación complicadísima. Ese es un aprendizaje para Aguascalientes, compartimos un poco el tema”, señala, en relación a la declaratoria de emergencia por sequía extrema que emitió Nuevo León a inicios de febrero pasado y que mantiene a la entidad con medidas de control y recortes de agua .

Para el especialista, “en el estado no hay alternativas de una política de gestión que aumente la oferta de agua porque no hay ningún punto de referencia cercano que pudiera proveer agua”, por lo que señala que la estrategia al 100% tendría que ser una gestión hacia la demanda, es decir, que esos usos agropecuario, industrial, incluso el consumo de las ciudades, se ajusten a los volúmenes con los que cuentan.

Por su parte, Octavio Cárdenas Denham, exdelegado de la Conagua e integrante del Consejo Consultivo del Agua en el municipio capital, señala que frente a estas problemáticas, el estado va tarde en la planeación de una estrategia que requerirá miles de millones de pesos de inversión.

Las propuestas de las candidatas

Uno de los temas que más se han politizado desde los partidos políticos, y polarizado en la discusión pública, es la eficiencia de la concesionaria de agua en la capital de Aguascalientes, una ciudad-estado que alberga al 70% de la población de la entidad.

Los excesos en los cobros, los tandeos, el mal servicio de agua potable y la falta de vigilancia y “dientes” de la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes (CCAPAMA) frente a la concesionaria, han resultado en críticas severas para la empresa y para la exalcaldesa –y ahora contendiente por la gubernatura– Tere Jiménez, quien desde 2018 ha prometido que no se renovará el título de concesión a la empresa Veolia, antes Caasa, firmado en 1993, y que concluye en 2023.

En 2018, la exalcaldesa anunció que Caasa dejaría de proveer el servicio y en su lugar entraría Veolia, tiempo después se supo que se trataba de la misma empresa pero con un nombre diferente, lo que derivó en diversos señalamientos hacia su gestión.

Y aunque se trata de un tema municipal, la eliminación del contrato de concesión es una de las principales promesas de campaña –y más atractivas para el electorado– de las candidatas a la gubernatura Nora Ruvalcaba, de Morena; y Martha Márquez, de la alianza PT-PVEM.

En cuanto a propuestas, la candidata de Va por Aguascalientes, anunció un Plan Integral de Manejo del Agua para reducir la explotación de mantos freáticos, con un proyecto de tecnificación e innovación de los sistemas de riego; fortalecer el Distrito de Riego 01; la rehabilitación de plantas de aguas residuales, así como un Programa de Prevención y Atención a la Sequía, para atender la demanda de los productores.

“He visitado los municipios y todos sin excepción tienen problemas con el agua. Algunos porque no pagaron la energía para extraer el agua, otros porque los pozos se están abatiendo y otros porque no tienen un cuidado del sistema”, dijo a inicios de mayo.

Por su parte, la morenista ha reconocido que es uno de los problemas más urgentes a resolver, por lo que se comprometió a plantear una política real de cuidado, saneamiento y reactivación de plantas tratadoras y a invertir recursos.

“Es urgente hacer una fuerte inversión para sanear presas, arroyos, ríos y que las plantas tratadoras funcionen al 100 %, para resolver esta problemática y para garantizar también el tema del riego de camellones y la línea verde que se encuentran abandonados”, expuso en una visita la Presa Los Gringos.

En tanto que en su sitio tiene un apartado que se llama “Plan de Aguas” , en el que hace un diagnóstico de la situación y enumera una decena de propuestas para resolverla. “El tema del agua es sumamente sensible en el caso del Estado de Aguascalientes ya que es un Estado ubicado en una zona semi-desértica que se abastece únicamente de acuíferos y de la captación de agua en la breve temporada de lluvia”, advierte.

Los retos para los próximos años

Los especialistas coinciden en que la próxima administración estatal deberá trabajar fundamentalmente en crear una estructura de gobernanza del agua desde una visión medioambiental, con equilibrio ecológico, priorizando el derecho humano al agua y con una gestión participativa.

“Hay una debilidad fuerte sobre una estructura de gobernanza del agua, me refiero a un conjunto de instituciones e instancias que permita converger a los actores, no solo a los usuarios (...) Siempre se ha visto el problema del agua pensando en las fuentes de abastecimiento para la ciudad de Aguascalientes y no, nosotros estamos asentados sobre un acuífero que incluye a más municipios, incluso municipios de otros estados, como es el caso de Encarnación de Díaz, Jalisco, y Ojo Caliente, en Zacatecas. Las instancias gubernamentales se han ido abandonando y no hay una estrategia regional”, señala Alex Caldera Ortega.

Octavio Cárdenas coincide. “Son diversas líneas que tienen que caminar en paralelo, políticas públicas transversales, pero para mí el paso uno de la próxima administración deberá ser una reingeniería o una reestructura institucional y jurídica. El Instituto estatal del agua (Inagua) ha perdido mucha potestad, capacidad presupuestal y capacidad institucional, entonces de entrada ahí ya estaríamos hablando de una reingeniería o reforma institucional y jurídica porque también hay que trabajar sobre la norma, sobre la ley de agua del Estado”, explica.

Y añade que entre estas políticas transversales deberá estar la reconversión de cultivos que gastan menos agua y generan mayores ganancias –como las berries y los espárragos, que ya se producen en el estado– y el mantenimiento de la red de tuberías.

Por su parte, Luis Reynoso, integrante del Colegio de Biólogos y representante de SOS Mezquitera La Pona –uno de los últimos pulmones naturales en la capital de Aguascalientes– agrega que entre los principales riesgos se encuentra la destrucción de áreas naturales por priorizar el beneficio económico, la falta de arbolado en la entidad gracias al modelo de infraestructura pública, y el deterioro de los espacios de infiltración de agua.

“Debemos poner atención y cuidar desde que el agua precipita a través de la lluvia y las partes fundamentales pues son los suelos, la superficies (…) Se están construyendo cada vez más casas, más caminos, el uso de estos vehículos todo terreno que son destructivos, no estamos cuidando el agua desde ahí y es donde deberíamos de empezar. (...) Además, con las lluvias no se infiltra el agua que se debe filtrar porque también falta de arbolado, espacios de recarga”, dice.