El Senado de la República aprobó reformar la Ley Federal del Trabajo para que los empleadores se abstengan de solicitar o exigir la presentación de cartas de no antecedentes penales para el ingreso, permanencia o ascenso en el empleo.
Con 69 votos a favor, las y los legisladores avalaron el proyecto que prohíbe a los patrones o a sus representantes negarse a aceptar trabajadores por razón de antecedentes penales.
El proyecto también reforma la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del apartado B) del artículo 123 Constitucional, para que no se discrimine a razón de origen étnico, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o antecedentes penales, para el ingreso, permanencia o ascenso de los trabajadores.
Lo anterior, salvo en los supuestos establecidos por el artículo 27 fracción IV de la Ley Nacional de Ejecución Penal.
Al presentar el dictamen, que se envió a la Cámara de Diputados, el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Napoleón Gómez Urrutia, dijo que “el proyecto está encaminado a impulsar una verdadera oportunidad de reinserción social para las personas que hayan cometido algún delito”.
Urrutia dijo que quienes salen de la cárcel “no sólo se encuentran tras el escrutinio público, también ven truncada sus oportunidades para acceder a un empleo digno, lo que ocasiona que sólo tengan oportunidad a empleos precarizados, por lo que podrían recaer en actos delictivos”.
La senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado, del PT, dijo que para la iniciativa privada el no pedir la carta de antecedentes penales está bien, pero no en la Administración Pública.
