La reforma plantea de manera importante la reestructuración del Instituto Nacional Electoral (INE), lo que implica la liquidación de trabajadores especializados en materia electoral, la remoción anticipada del titular de la Secretaria Ejecutiva y que solo haya 260 juntas distritales y se crezca a 300 para las elecciones presidenciales.
Los cambios de último minuto
Las negociaciones de Morena y aliados lograron modificar la propuesta presidencial, conocido como Plan B, pues originalmente propuso que los diputados y senadores que buscaran la reelección debían solicitar licencia “hasta un día antes del inicio de las campañas”, pero esa obligación quedó eliminada.
Los criterios que el Partido del Trabajo (PT) alegó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en 2015, cuando estuvo a punto de perder el registro, fueron incorporados ahora como reformas a la ley para flexibilizar la permanencia del registro de los partidos políticos.
Pasadas las 3:00 horas se presentó un cambio más: el PT propuso que el registro de ingresos y gastos en tiempo real y para la fiscalización del INE no se realice máximo 3 días como es actualmente, sino “desde el momento que ocurren y hasta 20 días después”.
Ambos planes, B y C consistieron en reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, además de una nueva Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, pues se propuso abrogar la que está vigente.
Además incluye cambios propuestos en una iniciativa de Morena para modificar la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
