¿Se afecta al federalismo con la propuesta de AMLO?
Otra vertiente de las propuestas del presidente se refiere a la modificación del Congreso federal y de los 32 congresos locales.
La Cámara de Diputados se propone recortarla de 500 a 300 diputados, que no se elegirían en distritos pues no serían de mayoría, sino de representación proporcional. El Senado se recortaría de 128 a 96 legisladores, también de representación proporcional.
En ambos casos se someterían a votación listas de candidatos por entidad, por lo que se cuestiona que se pierde el vínculo del ciudadano con su representante territorial más próximo.
Se propone que haya una diputación por cada 420,000 habitantes, y una senaduría por cada millón 312,500 ciudadanos.
También se recortarían los Congresos estatales, y su número sería decidido con criterios poblacionales. Las entidades con menos de 1 millón de habitantes tendrían 15 diputados, y 1 legislador adicional por cada 500,000 habitantes. El máximo de integrantes de un Poder Legislativo estatal sería de 45 diputados.
La disparidad de esa propuesta se reflejaría por ejemplo en que una entidad con 8,348,151 habitantes, como Jalisco (al corte de 2020), tendría 29 diputados locales, un ajuste a la baja de 9.
En cambio Colima, cuyos ciudadanos no llegaban al millón ese mismo año, contaría con 15 legisladores y se le recortarían 10.
Con un mecanismo similar, se eliminarían también cargos de sindicaturas y regidurías en los ayuntamientos, que son las unidades básicas de gobierno y por ello se señala que se reduciría la posibilidad de los ciudadanos de ser representados.
En cuanto a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs), hoy responsables de las elecciones para elegir gubernaturas, Congreso local, alcaldías y autoridades municipales (regidores, síndicos) en cada entidad, también se extinguirían.
La autoridad federal del INE sería la responsable de organizar desde el proceso presidencial, hasta a las autoridades de municipios y de comunidades en pueblos originarios. Se estima que serían más de 30 mil cargos sujetos a elección y millones de candidatos.
Por eso se cuestiona la afectación al pacto federal.
¿En realidad habría austeridad electoral?
El mandatario plantea como eje de sus propuestas la reducción en los costos de la democracia. Por eso la centralización de las elecciones en el INEC, pues desparecerían los 32 OPLEs, mismos que representan un costo de 13,000 millones de pesos al año
Otros “ahorros” se darían al eliminar los 300 distritos electorales y con ellos 300 consejos distritales que operan todo el año, y que se reactivarían cada tres años.
Con ese ajuste, entre otros, se abriría el paso a un nuevo recorte al presupuesto del organismo electoral, mismo que el morenismo ha aplicado en los cuatro años de administración, desde 2019 y hasta el ejercicio fiscal en curso.
Además, se propone iniciar trabajos para operar el voto electrónico en el futuro, lo que abarataría aún más los costos electorales.
También se busca eliminar el financiamiento público ordinario que se entrega a todos los partidos políticos nacionales cada año, y solo entregar financiamiento de campañas cada tres años, para aplicar en proselitismo electoral.
Sólo en este 2022, los siete partidos con registro recibieron 5,543 millones 960,204 pesos de gasto ordinario. Esa bolsa desaparecería.
Aunque los ahorros son evidentes de aplicarse esa eliminación de financiamiento, la controversia es que, de acuerdo a la propuesta presidencial continuaría el actual esquema de asignación de recursos, aunque sólo sería para campañas, basado en la lógica de "a mayor votación", se obtienen más recursos.
Eso dejaría intocado a Morena como el partido con más financiamiento público para gastar; en contraste, los partidos con menos votación, como sus aliados, el Partido del Trabajo (PT) y el Verde (PVEM) serían los afectados, como el resto de la oposición.
Además, los partidos nacionales y locales estarían obligados a buscar aportaciones privadas, de militantes y simpatizantes, para su sostenimiento ordinario, es decir, el pago de rentas, salarios, transporte, capacitación, propaganda, año con año en que no haya proceso electoral.
Adicionalmente, en la iniciativa del bloque oficial no se establece cómo podrían operar las coaliciones locales, por lo que al menos queda la duda sobre su eliminación o no, y esa es la vía por la que el PT, PVEM, PRD e incluso Movimiento Ciudadano habían podido subsistir en el pasado, de la mano de un partido que atrajera votos a su favor, como en 2018 pasó con el “efecto AMLO”, que benefició a sus aliados.
Por eso se alerta que la reforma, tal como fue planteada, podría implicar la desaparición de algunos partidos políticos y el ingreso de dinero ilegal –del crimen organizado, público, por fuera del sistema financiero– a sus arcas, ante la urgencia de fondos para subsistir.
