Por un lado, las bancadas de Morena y sus aliados mantendrán el control sobre lo que se aprueba o no, con su aplanadora y sin construir acuerdos con la oposición, mientras que ésta, con su veda constitucional, se sostendrá en su rechazo a las reformas prioritarias del presidente Andrés Manuel López Obrador, así ven el panorama analistas consultados sobre el inicio del cuarto año legislativo.
Este tendrá, como novedad en esta 65 Legislatura, la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados a cargo del Partido Acción Nacional (PAN) y concretamente del diputado Santiago Creel, lo que podría cierta oportunidad al debate legislativo, pero con un margen de maniobra acotado por la mayoría de Morena y aliados.
“Creo que (esa presidencia) podrá marcar una diferencia con lo que va de la Legislatura en el sentido de la conducción del debate y por supuesto también tendrá la posibilidad de presentar acciones de inconstitucionalidad, aunque la oposición no tenga la mayoría de la Cámara, pero ese podría ser un contrapeso, al menos”, establece José Roldán Xopa, profesor e investigador de la División de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
Fuera de ello el bloque de Morena y sus aliados mantendrá el poder para reformar o aprobar nuevas leyes secundarias, aprobar el Presupuesto de Egresos 2023 y los recortes que proyecte sin necesidad de escuchar a la oposición.
Y es previsible que en esta ocasión sea el Instituto Nacional Electoral (INE) el que lleve la mayor carga de los recortes presupuestales, y sea el quinto año consecutivo de “austeridad”.
Morena llegará ahora al nuevo periodo ordinario con 203 diputados –gracias a dos escisiones en el PRI–, más 40 del PVEM y 34 del Partido del Trabajo (PT) con lo que los legisladores de la llamada "cuarta transformación" sumarán 277.
La oposición integrada a va por México, es decir el Partido Revolucionario Institucional (PRI), ahora con 69 diputados, Acción Nacional (PAN) firme con 114 y el de la Revolución Democrática (PRD) con 15, suma 198, más 25 de Movimiento Ciudadano un total de 223, suficientes para parar reformas constitucionales.
Aunque la previsión es que Morena aproveche al máximo el beneficio de tener una mayoría simple.
“Morena y sus aliados van a echar andar la aplanadora, con la desventaja de que muy seguramente serán propuestas que desplacen a la oposición y con ello a la visión de país que también ellos representan. Aplicar la aplanadora puede representar un costo político, pero es un riesgo que me parece que están dispuestos a correr”, sostiene.
Para Alexa Lara, internacionalista y especialista del área legislativa de la consultora Integralia, entre las novedades estará que la mesa directiva quedará a cargo del PAN.
Como previamente lo había pactado ese partido, la posición la ocupará Creel, uno de los prospectos del panismo para disputar la presidencia en 2024.
La especialista considera que los trabajos en el Congreso estarán marcados en este periodo, entre otros temas, por la disputa por la candidatura presidencial en todos los partidos, además de las elecciones en Coahuila y en el Estado de México en 2023.
“Esto podría generar divisiones en los grupos parlamentarios, especialmente al interior de Morena por la designación del abanderado a la presidencia”, comenta.
Así, como ha ocurrido desde que asumió la presidencia en 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador “va a seguir marcando la agenda legislativa como lo ha hecho hasta ahora”.
Lara apunta que también impactará el desgaste de los liderazgos opositores, acusados de presuntos hechos de corrupción, concretamente el caso de Alejandro Moreno Cárdenas, “Alito”, diputado y líder nacional del PRI, investigado por supuesto enriquecimiento ilícito, y Jorge Romero Herrera, coordinador de los diputados del PAN, y con cercanos colaboradores que enfrentan denuncias penales por la operación del llamado “cartel inmobiliario”.
“Las pugnas internas en Morena y el desgaste que trae la oposición podría complicar el avance de varios temas en el Congreso”, indica Lara.
