Más de 100 nombramientos permanecen en la "congeladora" del Congreso

Pero la ausencia de nombramientos también puede tener efectos adversos, sea porque el presidente Andrés Manuel López Obrador no remita al Congreso sus propuestas para ser sometidas a evaluación y eventual ratificación, o porque las cámaras no los resuelvan.

En este momento está en puerta y desde hace meses pendiente, la designación de 20 magistrados electorales en 17 entidades del país, algunos de los cuales operan con plenos incompletos y auxiliados por otros jueces por ministerio de ley.

Pero se espera que además en las próximas semanas venzan más periodos de encargo, con lo que se acumula el retraso en la integración plena de órganos, para lo que Morena deberá conseguir mayoría calificada de dos tercios del Senado.

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Decenas de propuestas sin enviar

A ese rezago también contribuye la omisión del presidente en remitir 32 propuestas de nombramiento en diferentes organismos.

"Se trata de una omisión grave. (El presidente) está faltando a sus deberes constitucionales y eso tiene un efecto negativo para el correcto funcionamiento de la función pública”, valora el académico José Roldán-Xopa.

El profesor-investigador de la División de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) expresa: “No deja uno de pensar que hay una situación deliberada del presidente de colocarlos en una situación de crisis”.

Los organismos acéfalos

Esa omisión presidencial mantiene sin dos comisionados y sin presidencia desde hace dos añosal órgano de gobierno del Ifetel.

Y se requerirá un tercer nombramiento más para esa instancia a partir del 28 de febrero, en que concluye la gestión de otro de sus integrantes, Adolfo Cuevas Teja, quien ocupa hoy la presidencia interina.

Se necesitará integrar también a la Comisión Federal de Competencia Económica, que tiene tres vacantes desde septiembre funciona con la presidencia interina de la comisionada Brenda Hernández.

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En junio pasado, la comisión de Economía del Senado entrevistó a los comisionados Ana María Reséndiz Mora, Alejandro Faya Rodríguez y José Eduardo Mendoza Contreras, los tres interesados en presidir el organismo. Pero el asunto cumplió más de medio año atorado.

La vacante en el Inegi

En la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) también hay una vacante.

El 15 de diciembre se designó a Graciela Márquez como presidenta, cargo que ocupará a partir del 1 de enero. Sin embargo, aún está vacía una de las cuatro vicepresidencias de la Junta de Gobierno, justo la que ocupaba Márquez.

También la Comisión Nacional de Hidrocarburos que opera con solo cuatro de siete comisionados tendrá una vacante más, cuando concluya su periodo este año, la comisionada Alma América Porres Luna.

Si para diciembre, cuando concluye su encargo, no se ha completado ese pleno, esa comisión quedará con menos de la mitad de sus integrantes. En caso de retrasarse los nombramientos estará imposibilitada para sesionar.

Los atrasos, ¿una estrategia del presidente?

Roldán-Xopa indica que a esa situación se llega, con “una parálisis” en la medida en que se dan retiros de los integrantes de los plenos o concluyen sus periodos de encargo. Eso puede llevar “al grado de ni siquiera tener el quórum indispensable para tomar decisiones”.

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Por eso considera que puede ser una conducta deliberada del presidente de colocarlos en situación de crisis porque resultan costosos o por la intención de demostrar que hay otras maneras de enfrentar el tema.

Roldán abunda que una salida puede ser que los mismos órganos reguladores recurran a una controversia constitucional para impugnar la omisión del Legislativo para designar a los integrantes de un pleno o bien, la presidencial.

AMLO baraja nombres

Los legisladores deberán analizar una propuesta para designar un miembro independiente del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, cargo para el que el presidente mandó a su candidato en diciembre.

El propuesto fue el exsubsecretario de Programación y Presupuesto en los años 90 y exdirector de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Rogelio Gasca Neri, cuyo nombramiento deber ser dictaminado por la Comisión de Energía.

Sin embargo, el 6 de enero pasado, la Secretaría de Gobernación informó a la Comisión Permanente del Congreso que la propuesta del presidente era nombrar a Sergio Benito Osorio Romero como miembro independiente de ese comité.

El Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo lo integran los titulares de Hacienda, Energía, Banco de México y un miembro independiente. En esta ocasión la presidencia ha remitido al Congreso dos propuestas de miembros independientes, sin que se haya informado si se sustituyó el nombre de Gasca Neri.

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La relevancia de ese organismo es que tiene entre sus atribuciones la administración financiera de los contratos de exploración y extracción de hidrocarburos.

Asimismo, está vacante uno de cinco asientos del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, del que forman parte los titulares de Energía y Hacienda y Crédito Público.

Tras la renuncia de tres de ellos en 2019, inconformes con el manejo estratégico de esa empresa productiva del Estado, se han cubierto poco a poco los espacios. Pero aún falta cubrir uno, para la cual el presidente no ha remitido propuesta alguna al Senado.

En cambio, en comisiones -en este caso de la Cámara de Diputados- deberán analizarse las dos propuestas del presidente a dos nuevos vocales de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (Ipab).

El 19 de enero, el presidente propuso para esos cargos a Diana Álvarez Maury y Carlos Romero Aranda; aún deberá proponer un tercer vocal.

En cuanto a la Procuraduría para la Defensa del Contribuyente (Prodecon), el Senado no ha tenido mayores avances desde 2019. Ese año, el Ejecutivo le remitió una terna de propuestos al cargo, pero un ciudadano tramitó un amparo y consiguió suspender el proceso.

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En marzo pasado la Mesa Directiva del Senado decidió devolver al Ejecutivo sus propuestas, “ante la imposibilidad jurídica y fáctica para que el Senado pueda ejercer la facultad” de elegir al nuevo titular.

Así, el titular en funciones de Prodecon, Luis Alberto Placencia Alarcón acumula dos años en el cargo tras concluir sus funciones Diana Bernal Ladrón de Guevara.

En materia educativa espera definición el Organismo para la Mejora Continua de la Educación. De los siete integrantes del consejo técnico de esa instancia tres que asumieron el cargo en julio de 2019 terminarán funciones el mismo mes de este año.

Esto obligará a acelerar las designaciones, pues ya hay siete candidatos que fueron entrevistados en comisiones del Senado desde octubre.

La relevancia de su función es que el organismo es el responsable de realizar estudios del sistema educativo, así como emitir lineamientos relacionados con el desarrollo del magisterio y la mejora de las escuelas.

El poder Judicial y la FGR, a medias

Otros órganos que están a la espera de ser completadas son el Consejo de la Judicatura Federal, en el que hay una vacante. La presidencia puso en la mesa 21 prospectos que ya fueron entrevistados por la Comisión de Justicia del Senado, y cuentan con dictamen de idoneidad.

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Pero el pleno aún no ha tomado la decisión de quién ocupará el cargo que dejó vacante Loretta Ortiz, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Donde no hay ningún avance es en la designación de cinco integrantes del Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de la República (FGR), mismos que debieron comenzar a trabajar desde 2019.

Con ese consejo se buscó que el fiscal tuviera propuestas civiles para su conducción y dar una cara ciudadana a su labor.

Pero en noviembre de ese año, el Senado lanzó una convocatoria pública para elegir ese consejo. Se recibieron cuatro propuestas de ciudadanos de cinco necesarias, lo que llevó a los legisladores suspender ese proceso y convocar a otro.

Se retrasa la lucha anticorrupción

Algunos de los nombramientos más importantes que se han retrasado ante la falta de propuestas del presidente para el Senado realice su tarea de análisis y ratificación se refieren a los que permitirían la integración del Sistema Nacional Anticorrupción.

Desde que este se creó en mayo de 2015 se previeron cinco salas especializadas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) en materia de Responsabilidades; es decir, para sancionar los actos graves de corrupción.

Estas debieron instalarse en 2016 pero es la fecha que esto no se ha concretado pues el presidente no ha enviado sus propuestas de 15 nuevos magistrados, tres por cada sala.

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En cambio, sí propuso y el Senado ratificó a dos magistrados de la tercera sección del TFJA, misma que también está prevista en la Constitución para castigar actos de corrupción.

Aun así, este órgano también está incompleto, pues debe integrarse por tres magistrados y sólo hay dos: Natalia Téllez Torres y Julio Ángel Sabines.

En particular, en este caso, el especialista Roldán-Xopa observa que se retrasa la tarea de combatir la corrupción.

“Por ejemplo, al no haber magistrados para integrar las salas anticorrupción no se le puede pedir al tribunal que tome decisiones de la misma manera en que se puede exigirse cuando tienen una integración completa”, expresa el politólogo.

También en la lucha contra la corrupción, el Senado tiene que cubrir una vacante de los ocho integrantes de la Comisión de Selección que designarán al Comité de Participación Ciudadana del SNA, tras la renuncia de Aarón Aurelio Grageda.

Este proceso sí está previsto arrancar el 18 de febrero, con la evaluación de aspirantes.

El Senado deberá elegir a dos de los 10 cargos de consejeros honoríficos del consejo consultivo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

La Comisión senatorial de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana debió presentar en noviembre su dictamen de elegibilidad de los aspirantes, lo que no ha ocurrido.

Y en marzo concluirán su encargo dos comisionados del INAI: Oscar Guerra Ford y Eugenio Monterrey Chepov, ambos electos para un periodo de ocho años. El Senado deberá lanzar la convocatoria para completar el pleno de ese organismo autónomo.

En veremos, el sistema electoral local

En materia electoral también hay faltantes. Desde septiembre se realizaron entrevistas y se dictaminó como idóneas a 248 personas para ocupar el cargo de magistrados. Pero solo 20 personas llegarán a una de las 20 magistraturas vacantes en 17 entidades.

Destacan dos asientos vacíos en el Tribunal Electoral del estado de Nayarit; una magistratura numeraria y dos supernumerarios en Colima y magistrados de los estados de Baja California, Colima, Chiapas, Estado de México, Guanajuato y Guerrero.

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También se requiere completar los plenos de los tribunales electorales de Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Yucatán y de la Ciudad de México.

Sin embargo, en ninguna de esas entidades habrá elecciones locales este 2022. Pero esa selección de magistrados se empalmará con la obligación de emitir convocatoria para designar un magistrado presidente del Tribunal Electoral del estado de Oaxaca, donde sí habrá elecciones de gobernador.

De enero a agosto se acumulará la obligación de cubrir cinco magistraturas de salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de las Federación (TEPJF) que concluirán su periodo de designación y deberán ser renovados.

Otro nombramiento por venir será el de dos integrantes del Comité Técnico del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura que concluyen funciones en abril y el Senado apenas emitirá convocatoria.

En caso similar se deberá activar para cubrir cuatro espacios de consejeros honorarios del consejo ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano.

También cargos diplomáticos

A todos estos nombramientos se suman las propuestas del Ejecutivo para designar nuevos embajadores y cónsules – unos 20 – que requerirán ratificación del Senado, y que sin embargo aún no han llegado a este.

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Destacan los anuncios más polémicos, el del historiador Pedro Agustín Salmerón propuesto para representar a México en Panamá, y los de los exgobernadores del Partido Revolucionario Institucional, Quirino Ordaz para España; la exmandataria de Sonora, la priísta Claudia Pavlovich, al consulado de Barcelona y el exmandatario interino de Campeche, Carlos Miguel Aysa, a la embajada de República Dominicana.

Otras propuestas menos controvertidas son las de la escritora Laura Esquivel para embajadora en Brasil, Guillermo Zamora para Nicaragua, el activista Leopoldo de Gyves para Venezuela.

Bruno Figueroa, embajador en la República de Corea, (Corea del Sur) es propuesto para ir ahora a Portugal; Norma Pensado, de Rusia se propone para Dinamarca; Eduardo Villegas a la Federación de Rusia y Carlos Peñafiel de República Dominicana se iría a Corea del Sur. Carolina Zaragoza Flores está propuesta para la embajada en Irlanda y María Victoria Romero para la de Azerbaiyán.