La Comisión Permanente avala extraordinario para desafueros de Huerta y Toledo

Por cuarta ocasión la Permanente discutió los casos de los desafueros pendientes, en el caso de Toledo hubo una alianza y PT votó en contra de analizar su caso, junto con el Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano.

En el caso de Huerta la decisión de aprobar un periodo extraordinario para analizar su caso fue unánime, con 35 votos, en sesión en la que los familiares de los menores de edad que presuntamente fueron víctimas de violación y agresión sexual, se manifestaron en las afueras de la sede del Senado, para demandar a los legisladores terminar la impunidad.

Huerta fue sorprendido en abril pasado tras intentar violar a un menor de edad e hizo uso de su fuero como diputado, entonces de Morena, para salir en libertad desde entonces, hace más de cien días.

María Guadalupe y Raúl Reyes, padres del menor acusaron que desde el 1º de abril con todas las evidencias, Huerta está en libertad debido a que los legisladores no han procedido al desafuero.

Por eso hicieron entrega a la presidencia de la Mesa Directiva del Senado un documento para pedir el apoyo para proceder al desafuero del legislador Huerta.

Toledo tramita amparo

En el caso del diputado Toledo, durante la discusión la diputada Fabiola Loya, coordinadora de los legisladores de Movimiento Ciudadano, confirmó “en mesa directiva se recibieron documentos jurídicos que atienden a un amparo y estamos ante la duda”.

Así, se conformó un bloque de PT, en defensa de Toledo, junto con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y MC, quienes reunieron 7 votos para rechazar que su caso sea analizado en el periodo extraordinario de la Cámara de Diputados, pero al no conseguir mayoría calificada de los integrantes de la Permanente, quedó el dictamen original, mismo que sí incluyó ese caso.

Desactivan albazo

Durante la sesión de la Comisión Permanente se acordó que en el periodo extraordinario se realizará un homenaje a la artista plástica, exlegisladora y activista feminista María Elena Chapa.

En tanto, la oposición desactivó, con 15 votos de 34, la inclusión, en periodo extraordinario convocado para las dos cámaras, de una nueva Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia en el que la oposición vio riesgos de venganzas políticas.

La iniciativa fue presentada por Morena hace menos de un mes, el 21 de julio, y sin dictaminación, sin incorporar otras cinco propuestas que existen desde hace más de un año sobre el tema, el partido en el gobierno y sus aliados buscaron despedirse con esa nueva ley de la 64 Legislatura.

El senador Juan Manuel Fócil Pérez, del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y la diputada Dulce María Sauri (PRI) habían anticipado los riesgos de la nueva legislación, en la que incluso se proponía que sea la Sección Instructora de la Cámara de Diputados la que determine la responsabilidad de un servidor público, por encima de lo que determine el Ministerio Público.

La iniciativa tiene varios puntos preocupantes, expuso Fócil, entre ellos el blindaje al presidente de la República, contra el que se podría actuar políticamente solamente por mayoría absoluta.

“Se establece el requisito de que todas las determinaciones serán por mayoría absoluta de las cámaras incluyendo el procedimiento para establecer la responsabilidad penal del presidente, lo anterior constituye un riesgo para el sistema de pesos y contrapesos. Es un error de ingeniería institucional y que cualquier servidor público en cualquier orden de gobierno queda al margen de una mayoría parlamentaria, que pudiera no actuar de manera responsable”, advirtió el perredista.

Además, se buscaba en la nueva ley eliminar la sanción de plazo máximo de inhabilitación hasta por 20 años a servidores públicos responsables de irregularidades y se daba a la Comisión Permanente la facultad de recibir denuncias y solicitudes de juicio político, “cuando esto es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, a través de la Secretaría General” e incluso durante recesos.