Morena alargará vida al PVEM, dejando atrás que en 2015 pidió desaparecerlo

Según la firma Ulises Beltrán y Asociados (BCG), con un modelo sustentado en el conjunto de encuestas publicadas y un análisis de los resultados obtenidos históricamente, el PVEM podría alcanzar hasta 4% de votación nacional (1.5 % menos de lo que tiene), pero más legisladores.

Se calcula que serán 34 diputados de mayoría los que el PVEM podría ganar, y tener una designación de 7 de representación proporcional, con lo que su grupo parlamentario podría ser de entre 37 a 43 diputados federales. Otros encuestadores estiman que serán medio centenar.

Coalición de diseñador

Este crecimiento legislativo sería posible, entre otros elementos, por la estrategia con la que se diseñó el Convenio de Coalición de Morena, PT y PVEM, que van juntos en 183 de 300 distritos electorales. De ellos serán candidatos morenistas en 88 distritos, se cedió a los verdes 50 distritos y 45 a los petistas.

Además de esa cesión de distritos para una fuerza de 5.3% de votación nacional, el partido guinda impulsó, en los hechos, la candidatura de Ricardo Gallardo, del PVEM, al gobierno de San Luis Potosí, por lo que el verde está en la antesala de hacerse de su segunda gubernatura (la primera fue Chiapas, de 2012 a 2018), pues la abanderada morenista Mónica Rangel, fue postulada al final, con escaso apoyo nacional y hoy quedó rezagada, sin posibilidades.

De hecho en esa entidad la Coalición va junta en los seis distritos federales y en cinco con candidatos verdes, por lo que jalarán el voto a ese partido, aunque en la elección de gubernatura Morena y PVEM vayan separados.

De acuerdo al Convenio de Coalición registrado ante el Instituto Nacional Electoral (INE), también se coaligaron en los 10 distritos electorales federales de Chiapas, y el PVEM encabeza 3, y también serán verdes los candidatos en distritos clave: el 3 de Zihuatanejo, Guerrero; el 4 de Zapopan; 8 de Tijuana; el 26 de Gustavo A Madero; el 26 de Toluca, Estado de México, entre otros.

Otra razón para haber dado al Verde candidaturas en esos distritos es para asegurar el triunfo, pero que estas curules no le sean contabilizadas a Morena para efectos de sobrerrepresentación, con lo que aseguraría que el Instituto Nacional Electoral (INE) le asigne más diputados plurinominales.

El profesor-investigador de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey, Arturo Sánchez Gutiérrez, explica en entrevista que aunque las proyecciones apuntan a que el PVEM ganará más espacios en San Lázaro, aún está por verse si su votación alcanza para conservar el registro, o bien fortalecerse como partido.

“Veremos cuánto alcanzan en realidad, pues lo que importa serán los votos que obtenga cada partido de manera individual. A diferencia de 2018 con una candidatura presidencial que atraía votos a la Coalición, ahora habrá que ver si los ciudadanos votan por ésta y qué partido marcan en la boleta”, evalúa.

Expone que dado que la Coalición es parcial, si los electores de un distrito donde no van coaligados (113 en total) marcan más de un partido, el voto no tendrá valor y será anulado.

Además, dice el ex consejero del INE, “la gente debe votar por ellos y no por otros”, pues si en un distrito con coalición se vota por Morena, PT o por los tres, el voto valdrá para el candidato de la coalición, pero no para el verde, por ejemplo.

Es por eso, recuerda, que Morena impulsa el lema de “marca cuatro de cuatro en la boleta” para que los votos vayan a esa fuerza y no a sus aliados de PT y PVEM.

La bisagra

Ante la posibilidad de que el PVEM alcance hasta 50 diputados, el exconsejero del INE, Javier Santiago Castillo, anticipa que esa bancada “podría convertirse en un partido bisagra” para ayudar a Morena a conseguir la mayoría necesaria para reformas legales y constitucionales.

Pero el apoyo no sería gratuito, pues es previsible, como en el pasado, que “se presenten chantajes, por ejemplo, posiciones en la Cámara o gobiernos, a cambio de votos legislativos”.

La negociación política le va a favorecer al tener esa moneda de cambio que son las curules, pero también se facilitará “porque el PVEM se caracteriza por su pragmatismo, pues se alía a la fuerza mayoritaria sin importar cuál sea”.

Santiago Castillo, catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), recuerda así el apoyo del PVEM al PAN en la Alianza por el Cambio que llevó a Vicente Fox a la Presidencia, en 2000, para luego cambiar de bando desde 2003 y hasta 2012-2018, en que su pacto fue con el PRI, con el que gobernó en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Apenas arrancó el gobierno de Morena, que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, el PVEM acordó con él una alianza legislativa en favor de la “cuarta transformación”.

Y de adversarios pasaron a aliados, lo que fue posible por la amistad de López Obrador con Fernando Coello (recién fallecido), abuelo de Manuel Velasco, exgobernador de Chiapas y exsenador del PVEM, partido con el que Morena amarró acuerdos por lo que resta el sexenio.

Gracias a esa amplia política de alianzas este año cumplió 30 años en la escena política y en esas tres décadas se calcula que ha recibido, por concepto de financiamiento público al menos 4 mil 300 millones de pesos para su dirigencia nacional, sin contar las dirigencias estatales o prerrogativas para sus legisladores locales y federales.

En Europa los partidos verdes son muy serios e impulsan agendas definidas, en México el PVEM “opera más bien como un modelo de negocio, una empresa”, agrega la investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), Amalia Pulido Gómez.

“El PVEM es una empresa que ha sobrevivido con alianzas estratégicas y no ideológicas. Por ejemplo, es posible que haya tenido más cercanía con el PAN que con el PRI, pero aliarse ahora con Morena más bien revela pragmatismo o intereses”, añade.

Incluso señala que en algunas entidades el PVEM es considerado como “una franquicia” que operan no militantes, sino grupos locales con poder económico o político.

Un caso que ejemplifica esto es la fuerza que ha adquirido en Quintana Roo, en donde dirigentes del PVEM han sido señalados de corrupción para aceptar lujosas construcciones en zonas protegidas.

El poderío aliado al PVEM y no derivado de la fuerza de éste como partido, quedó en evidencia más claramente cuando en 2012 postuló como candidatos a litigantes, cabilderos o directivos de Televisa y TV Azteca, las dos televisoras más grandes del país, a los que hizo diputados y senadores.

En esa 62 Legislatura fueron 16 diputados y senadores con esa trayectoria, la mayor parte postulados por el PVEM, pero también algunos por el PRI.

Fueron conocidos como parte de la “Telebancada” entre otros Antonio Cuéllar, Mónica García, Javier Orozco (antes fue senador) o Federico González Luna Bueno, los tres ex integrantes del equipo jurídico de Televisa y el último, asesor jurídico de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT).

De Televisión Azteca fueron legisladores Ninfa Salinas Sada, hija del principal accionista de esa empresa, Ricardo Salinas Pliego, Carla Alicia Padilla, Carlos Alberto Puente, ex jefe de administración de esa televisora y Luis Armando Melgar, exdirector de Canal 40 y quien por cierto podría llegar a la 65 Legislatura, pues es candidato por un distrito chiapaneco.

Una de las principales reformas que impulsó –sin éxito- ese grupo fue la reversa a la reforma electoral que prohibió a terceros la compra de tiempo en radio y televisión para propaganda política, cambio que en 2008 afectó los negocios de esa industria en periodos electorales.

Modelo de negocio verde

Pulido Gómez indica que el PVEM es, además, un partido tipo “empresa familiar” si se considera que a su fundador y líder, Jorge González Torres, le siguió su hijo Jorge González, quienes durante 18 años estuvieron a la cabeza y visibles en ese partido.

Aunque formalmente el vocero y dirigente fue también Carlos Puente, exlegislador y hoy es Karen Castrejón, (desde 2020) y otro líderes con Arturo Escobar –denunciado en 2015 de delitos electorales–, lo cierto es que se mantiene en la opacidad la toma decisiones, definición de candidaturas y manejo de millonarios recursos, por lo que es un partido antidemocrático.

Así fue considerado desde el 14 de febrero de 2005, en que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le ordenó reformas estatutarias y de procedimientos para abrir a la militancia las decisiones.

A raíz de que el militante José Luis Amador denunció que las reuniones de partido resultaban reuniones familiares donde se decidía por “dedazo”, el Tribunal ordenó a ese partido enmendar 40 artículos de sus estatutos, establecer un procedimiento democrático para elegir al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) pues antes el presidente nombraba todo y además se podía reelegir.

Aunque la orden se acató, hasta la fecha es de los partidos que realizan sus tareas con la mayor opacidad.

Respecto al apellido del PVEM como verde, desde 2009 a raíz de sus propuestas legislativas en pro de pena de muerte a secuestradores, el Partido Verde Europa le retiró el reconocimiento como partido verde y solicitó su expulsión de las organizaciones políticas ambientalistas.

Su postura ambientalista también “es por decir lo menos pragmática” recuerda Santiago Castillo, por sus recientes votos en materia de Ley de Hidrocarburos –por el que se privilegiará el combustóleo- y la Ley de la Industria Eléctrica, por la que se cancelarían contratos a empresas de generación de energías limpias.

La falta de una postura unificada, al menos, quedó en evidencia con sus votos en la Cámara de Diputados durante la aprobación de la Ley de Hidrocarburos, donde 7 diputados del PVEM prefirieron abstenerse 2 votaron en contra y otros dos se ausentaron. En el Senado cuatro desaparecieron en la votación y uno votó en pro y uno se abstuvo.

En materia eléctrica también se dividió ese partido. Los 11 diputados votaron en contra pero en el Senado cuatro en contra y dos no se presentaron, en un tema que supuestamente los unifica como partido ambientalista.

Perlas verdes

Caso aparte merecen las decenas de denuncias promovidas por Morena y Partido de la Revolución Democrática (PRD), donde estaban quienes son hoy connotados morenistas, quienes de 2015 a 2016 litigaron porque al PVEM se le cancelara su registro como partido por “violar sistemáticamente la ley”

Por todas las anomalías en que incurrió ese partido, 18 en total, entre ellas violación a veda electoral, recibir aportaciones indebidas, vía casi 300 mil spots de sus legisladores, haber contratado créditos por 597 millones de pesos –sin previa autorización del INE– ese partido recibió sanciones por 194 millones de pesos, al menos.

En total se presentaron 27 quejas con las que se pretendió acreditar que el PVEM incurrió en violación reiterada a la ley y el reto a la autoridad electoral al no acatar sus resoluciones.

Pero el TEPJF cerró el caso sin aplicar la “pena de muerte política” al PVEM pues ya había sido castigado por las anomalías cometidas, todas ordinarias y no graves especiales y porque “el partido en momento alguno recurrió a la violencia ni alteró el orden público”.

Después de esa sentencia las acusaciones contra el PVEM siguieron. En 2016, ese partido y su entonces candidato a diputado migrante en Chiapas, Vicente Pardo Molina, fraguaron un fraude cibernético –confirmado por el TEPJF– para inflar la lista de votantes residentes en el exterior con 17 mil ciudadanos que supuestamente vivían en Rusia, Tazania, Serbia, entre otros países, para “votar”.

Al final se acreditó que se trataba de ciudadanos indígenas que nunca han salido de sus comunidades y “votaron” por el PVEM y el Partido Mover Chiapas (cercano al PVEM). Tras descubrirse la manipulación, Pardo fue desaforado y llevado a proceso penal.