La Alianza Federalista presiona a la SCJN por el caso de Cabeza de Vaca

El pasado 30 de abril, la Cámara de Diputados despojó de fuero al mandatario de Tamaulipas y remitió el expediente al Congreso de la entidad, mismo que aprobó no considerar procedente el desafuero de Cabeza de Vaca en homologación de la declaratoria hecha por el órgano federal, y remitió a la SCJN una controversia constitucional sobre el asunto.

“El único órgano que es responsable de delimitar las facultades de los ámbitos de competencia es la SCJN, la instamos a que se haga responsable de su función en el ordenamiento jurídico mexicano para abonar al fortalecimiento del federalismo, de la división de poderes y alcanzar el objetivo de consolidar el Estado de Derecho”, expusieron los mandatarios de la Alianza.

Que la SCJN se pronuncie sobre el tema, “resulta trascendental para definir las relaciones entre la Federación y las entidades federativas respecto a los procedimientos de responsabilidad” establecieron en el escrito los mandatarios panistas de Chihuahua Javier Corral; Durango, José Rosas Aispuro; de Aguascalientes Martin Orozco, el de Guanajuato, Diego Rodríguez, y el mismo Cabeza de Vaca.

Del PRI integran la Alianza y respaldaron la demanda Ignacio Peralta de Colima y Miguel Ángel Riquelme de Coahuila. Suscribieron también Silvano Aureoles, del PRD, Enrique Alfaro de MC y el independiente Jaime Rodríguez Calderón.

Pide SCJN corregir pifia

Pero esa controversia interpuesta por el congreso de Tamaulipas sobre el desafuero de Cabeza de Vaca entró en un impasse, por un error de los legisladores que promovieron ese como medio de defensa para evitar que el funcionario sea removido del cargo para enfrentar acusaciones por supuesta defraudación fiscal por 6.5 millones de pesos.

Ayer, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emplazó al órgano legislativo de la entidad a remitirle, en 24 horas a partir de que sea notificado, la documentación certificada que acredite que quien promovió la controversia ocupa la presidencia de la mesa directiva del Congreso estatal, pues en esa calidad cuenta con atribuciones de representación legal y es el único facultado para promover ese tipo de recurso jurídico.

La controversia fue enviada a la SCJN el pasado 30 de abril, minutos después de que el congreso del estado, en sesión presidida por la diputada Martha Patricia Palacios, no aceptó homologar la declaratoria de procedencia que ese día votó la Cámara de Diputados federal.

El escrito fue firmado en general por “presidentes de la mesa directiva” –pues para marzo la presidencia la ocupa el diputado local Félix Fernando García- razón por la que aún no se le ha dado entrada en la SCJN ni asignado a algún ministro para su análisis.

Aseguran inocencia de Cabeza de Vaca

En tanto el abogado de Cabeza de Vaca en Estados Unidos, J.A. "Tony" Canales, afirmó en un pronunciamiento que su cliente es sujeto de una difamación, con fines políticos, y atribuibles a Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y al senador suplente de Morena, Alejandro Rojas Díaz Durán.

“Después de revisar las denuncias hechas , y toda la evidencia disponible por parte de los gobiernos de Estados Unidos y de México en relación a las acusaciones hechas en contra del Sr. Francisco Javier García Cabeza de Vaca, no he encontrado ninguna evidencia que indique violación alguna a las leyes de Estados Unidos, como se le acusa”, sostuvo.

Refutó la validez de la información citada en las denuncias hechas por Nieto y Díaz Durán, pues están “basadas en notas periodísticas que contienen rumores con base en reportes del Departamento de Estado y FinCEN (Department of State wires and FinCEN) que fueron alterados".

Reconoció que ni a Cabeza de Vaca ni a sus representantes legales se les ha dado acceso al expediente abierto en su contra, y que según la Fiscalía General de la República (FGR) contendría nueva información de autoridades estadounidenses sobre las presuntas anomalías de las que se acusa al mandatario.