"No se ha protegido a nadie", dice la titular de la SFP, y diputados le reviran

En su comparecencia por la glosa del Segundo Informe de Gobierno, aseguró que la actual gestión ha acelerado la marcha para terminar con la impunidad y construir una administración pública orientada a la legalidad, imparcialidad, eficiencia y eficacia.

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Entre las sanciones a funcionarios de los más altos niveles, sostuvo que se ha actuado contra exsecretarios de Estado, exdirectores de empresas productivas del Estado, exgobernadores y otrora miembros del gabinete de seguridad, quienes enfrentan ya procesos judiciales y administrativos.

"Rosario Robles, Emilio Lozoya, Edgar Torres Garrido y algunos de sus cómplices han recibido, de parte de la Secretaría de la Función Pública, la sanción administrativa más alta posible y, a diferencia de gobiernos pasados, esta administración no ha protegido a nadie", afirmó.

En contraste, diputados de oposición recordaron casos como el del titular de la CFE y su hijo, señalados por vender a sobreprecio ventiladores al IMSS-Hidalgo, y el de Carlos Lomelí, quien dejó el cargo luego de que se difundiera que sus familiares y sus colaboradores se beneficiaron con contratos millonarios por la venta de medicamentos a gobiernos.

"Al haber terminado con el neoliberalismo, por decreto presidencial, se supondría que no habría ya más actos de corrupción, porque con el poder de López Obrador, al día siguiente de su toma de protesta se acabaría. Sin embargo, existen casos paradigmáticos en los que su secretaría ha tenido un desempeño pobre, por decir lo menos", acusó la diputada Mónica Bautista Rodríguez, del PRD.

Josefina Salazar Báez, del PAN, recordó que hace un año fue a comparecer y se le pidió que investigara el enriquecimiento del titular de la CFE. "Le exigimos que se investigara el impresionante enriquecimiento de Manuel Bartlett y no solamente usted no hizo nada y no esclareció el origen de esta fortuna, sino que lo avaló con justificaciones insípidas", aseguró.

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Los diputados cuestionaron también el hecho de que en este gobierno hayan aumentado las adjudicaciones directas y las investigaciones de corrupción en los extintos fideicomisos, a lo que Sandoval rechazó las críticas.

En el caso de los fideicomisos, dijo que antes se podía abusar del dinero y que hoy ya no. Afirmó que desde el pasado 16 de octubre giró casi una centena de oficios a los responsables de cada fideicomiso, para que informen a la Función Pública qué medidas están tomando para extinguir los instrumentos.

"Estamos dando propuestas para mejorar las adquisiciones y las contrataciones públicas, a través, precisamente, de poner un freno a las adjudicaciones directas. Nosotros, en las propuestas de reforma que estamos haciendo a la Ley de Adquisiciones, estamos, efectivamente, haciendo la propuesta de transformar el límite de las posibilidades de asignación directa a niveles del 20% y no como ocurre en la actualidad", dijo sobre las compras del gobierno.

Argumentó que se está impulsando la compra de manera consolidada, además de que se han impuesto sanciones a empresas encargadas de la distribución de medicamentos, aunque reconoció que durante la actual pandemia de COVID-19 las autoridades federales tuvieron que acudir a la adjudicación debido a la premura.