El gobierno federal publicó un decreto para que las Fuerzas Armadas puedan seguir efectuando tareas de seguridad pública hasta 2024.
De acuerdo con legisladores de oposición, esto significa la militarización del país, además se incumple con el acuerdo de capacitar a la Guardia Nacional para que transitara a un carácter civil y desperdicia los recursos aprobados para su operación.
Pilar Ortega, presidenta de la Comisión de Justicia en la Cámara de Diputados, dijo en entrevista con Expansión Política que el gobierno federal está “tirando la toalla” y aceptando el fracaso de la Guardia Nacional.
“Es un reconocimiento de que la Guardia Nacional fracasó y que la misma no va a dar los resultados que se pretendían. Ni siquiera la institución se fortaleció por el gobierno y, en su lugar, se dijo ‘bueno, que entren las Fuerzas Armadas’ y se incumple todo lo que se dijo, la gran discusión en donde la defensa que tuvo la oposición y se ganó en el Senado de no militarizar la seguridad pública, parece que se hace a un lado y contraviene la Reforma Constitucional se quiere ir por la Fuerza trasera y son antidemocráticas. Se tira la toalla”, dijo la panista.
De acuerdo con el decreto publicado este lunes en el Diario Oficial de la Federación , las fuerzas armadas podrán realizar tareas de seguridad pública hasta el 27 de marzo de 2024, lo que se considera un abuso por la legisladora.
“Es un abuso de las funciones de la Defensa Nacional, luego que ya se había emitido una Ley de Guardia Nacional en donde, otras cosas, se establecían esas condiciones que hacían quedarse para la operación de las Fuerzas Armadas", afirmó la diputada.
Esto no se puede dar por un simple decreto, necesita tener una fuerza de ley. Y va más allá de lo que establece la Constitución, se están extralimitando: Pilar Ortega, diputada PAN
Pilar Ortega opinó también que los tiempos en los que se da a conocer el acuerdo son “sospechoso”, pues en medio de la epidemia por COVID-19 se puede agravar la crisis.
“Es muy sospechoso y muy peligroso que se dé en medio de la emergencia sanitaria. Cuando lo que tendríamos que atender con las instituciones es dar respuesta a la situación que enfrentan los mexicanos frente de la violencia. No quisiéramos pensar que se usa en medio de la pandemia como una oportunidad para hacer lo que desde el principio se quería hacer… que es militarizar la seguridad pública”, consideró.
El acuerdo que hoy publica AMLO no solo es inconstitucional, también es contrario al derecho interamericano.
— Alfredo Lecona (@AlfredoLecona) May 11, 2020
En noviembre de 2018, en la Sentencia del caso Alvarado, la @CorteIDH determinó que así tenía que ser la participación extraordinaria de las Fuerzas Armadas: pic.twitter.com/8jWzJN7x2O
En cuanto a la postura del sol azteca, la coordinadora de la fracción del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Verónica Juárez, coincidió en que la actuación de los militares en las calles puede agravar la emergencia.
“Esta situación puede derivar de la situación de confinamiento y agravamiento de la crisis económica y la pérdida de empleos que contribuye al fortalecimiento de las organizaciones de la delincuencia organizada y, por el otro lado, en el endurecimiento de las políticas de seguridad implementadas por el Gobierno Federal, lo cual incrementará los índices de violencia”, advirtió.
Opinó también que el decreto es asumir el fracaso de la implementación y reclutamiento para la Guardia Nacional.
“Esto deja ver un rotundo fracaso en el proceso de reclutamiento y transferencia de los elementos de las Fuerzas Armadas que está constitucionalmente previsto, para la conformación de la Guardia Nacional, tal y como lo hicimos ver durante las discusiones de la reforma constitucional y sus leyes reglamentarias, en el sentido de que se creaban plazas de guardias de primera y de segunda”.
Clemente Castañeda, senador de Movimiento Ciudadano, calificó el decreto como un riesgo para el arreglo institucional del Estado mexicano.
“El Presidente renunció a su obligación y a su compromiso de construir una institución inequívocamente civil de seguridad pública. Por decreto, asignó facultades de seguridad a la Fuerza Armada, violando la Constitución”, escribió en sus redes sociales.
Hoy el Presidente renunció a su obligación y a su compromiso de construir una institución inequívocamente civil de seguridad pública. Por decreto, asignó facultades de seguridad a la Fuerza Armada, violando la Constitución. pic.twitter.com/DflYGpeZHf
— Clemente Castañeda H (@ClementeCH) May 11, 2020
Además, cuestionó los intereses que persigue el jefe del Ejecutivo, en medio de la emergencia sanitaria.
“No es un tema menor, pone en riesgo el arreglo institucional, democrático y republicano del Estado mexicano. ¿Qué intereses está persiguiendo el Presidente ¿Por qué hacerlo en el peor momento de la pandemia?”, cuestionó el legislador.
