Empresas fantasma en la mira; castigarán su uso como delincuencia organizada

Cárcel para los estafadores

La iniciativa, propuesta por el senador morenista, tiene por objeto considerar los delitos de contrabando y defraudación fiscal como delincuencia organizada y amenazas a la seguridad nacional; es decir, como delitos graves, por lo que ameritan prisión preventiva oficiosa.

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De acuerdo con datos que cita el morenista, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha identificado cerca de 9,000 empresas que facturan operaciones simuladas, realizando cerca de ocho millones de facturas falsas con las que se intentó amparar operaciones por 1.6 billones de pesos, monto equivalente al 1.4 del PIB nacional.

La cifra podría servir para 221 hospitales, 472,000 ambulancias o 663,000 autos patrullas, así como la construcción de 118 estadios como el de beisbol Alfredo Harp Helú.

A la propuesta de Armenta se han unido legisladores de otras fracciones, como Samuel García, de Movimiento Ciudadano, quien propone que se den de 5 a 8 años de prisión a quienes cometan este tipo de ilícitos.

En contra del optimismo de los senadores arriba mencionados, organismos empresariales como la Coparmex sostienen que con este tipo de medidas “se pretende matar un pájaro con una escopeta, en lugar de utilizar un rifle de precisión”, pues con estas reformas es posible que terminen pagando justos por pecadores.

En su lugar, sugiere el organismo, se deben usar los recursos del Estado para localizar y encarcelar a quienes realicen estas prácticas indebidas sin modificar las leyes.

No es contra los empresarios

Armenta clasifica tres tipos de “huachicoleo”: el fiscal, con el que se le condonaban millones a empresarios; el energético, referente al robo de hidrocarburos, y el presupuestal, que es que el usaban funcionarios públicos de administraciones anteriores para beneficiarse con recursos del gobierno.

Por ello señala que las iniciativas que impulsa no atacan los intereses legítimos de los empresarios, sino que van dirigidas contra quienes se dedicaban a saquear al país.

El presidente de la Comisión de Hacienda explica que en 7 de cada 10 casos eran los servidores públicos quienes se asociaban o creaban estas empresas para simular facturas o contratos.

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Armenta advierte que muchas veces no se podía saber quién era el beneficiario final. Pone como ejemplo el caso del robo de energéticos, donde dice a través de empresas fantasma se compraba el combustible declarado como pérdida por evaporación, es decir robado.

La corrupción se legalizó en el país

Para el legislador, este fue uno de los mecanismos usados en gobiernos pasados para el saqueo de recursos, o como le llama él y el presidente López Obrador, “huachicoleo”.

Así, desea que con esta iniciativa, la cual espera se discuta en la primera quincena de agosto en comisiones para pasar al pleno en septiembre, se complete el conjunto de reformas impulsadas para enfrentar frontal y eficazmente la complicidad, la irregularidad que hay en el uso de recursos públicos, el abuso del poder y sobre todo la impunidad.

“La Estafa Maestra es un ejemplo de cómo se institucionalizó la corrupción y cómo las leyes protegían este saqueo institucionalizado”, asegura Armenta al señalar que la propuesta tiene como objetivo la justicia penal y fiscal, así como la lucha por la legalidad y el Estado de Derecho, es decir poner fin a la impunidad.