La Cámara de Diputados aprueba eliminar la figura del arraigo
En respuesta a la demanda de organismos y organizaciones defensoras de los derechos humanos, la Cámara de Diputados aprobó este jueves eliminar de la Constitución la figura del arraigo, que hasta la fecha es utilizada en casos de delincuencia organizada para retener a una persona hasta por 80 días mientras se investiga su posible participación en delitos de este tipo.
Con votación unánime —de 327 votos a favor—, los legisladores determinaron suprimir el párrafo octavo del artículo 16 constitucional.
Dicho texto señala: “La autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de delitos de delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una persona, con las modalidades de lugar y tiempo que la ley señale, sin que pueda exceder de cuarenta días, siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia”.
Hasta la fecha, el Ministerio Público puede solicitar que el periodo de arraigo se duplique.
Opinión: El arraigo desprestigia a México en materia de derechos humanos
El dictamen avalado argumenta que, desde hace 10 años, la Representación en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recomendó al país eliminar esta figura de detención de 40 a 80 días, ya que ello ha provocado preocupación entre los organismos internacionales de derechos humanos, por casos documentados de violaciones a la libertad personal, al debido proceso y a la presunción de inocencia, así como por el aumento del riesgo de que las personas arraigadas sean sometidas a torturas y malos tratos.
Al presentar el dictamen, el diputado Daniel Ordóñez Hernández, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de San Lázaro, sostuvo que, al derogar el arraigo, se sienta un precedente en materia de derechos humanos, y se da cumplimiento a recomendaciones de la ONU y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El documento fue enviado al Senado, aunque es posible que este no alcance a discutirlo antes de que termine el periodo ordinario de sesiones, el próximo lunes 30 de abril. Si esto ocurre, el tema podría ser retomado en un periodo extraordinario o hasta la nueva Legislatura que inicie funciones en septiembre.
