Andy Henry, de 22 años, es uno de los migrantes de Haití que recientemente han llegado a la Ciudad de México. Durante un mes, viajó junto a sus dos hermanos menores en barco, autobús y avión, pero sobre todo a pie, atravesando Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica y Honduras, hasta entrar a tierras mexicanas por Chiapas.
“(Estoy) un poco triste, extraño mi cultura, mi familia también. Cada día me ha costado dormir, no hay trabajo”, dice a Expansión Política.
El joven dejó en su tierra natal a su padre y a su madre, así como a tres hijos pequeños. La falta de empleo para sostener a su familia, la inseguridad y la crisis política tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse lo llevaron a tomar la decisión de migrar.
“Se habla que en Haití no hay trabajo, es verdad; la situación en Haití es complicada, no hay posibilidad para comprar comida, para ir a la universidad, y la situación política también, el gobierno no ayuda”, sostiene.
Él es uno de los 45 migrantes centroamericanos y caribeños que por el momento encontraron resguardo en Casa Tochán, uno de los dos albergues de la sociedad civil en la capital del país.
Gabriela Hernández, su directora, considera que ante la llegada de los migrantes haitianos el gobierno de la ciudad ha dejado la responsabilidad de ayudarlos a los albergues independientes, los cuales han visto su capacidad superada.
“Totalmente se ha dejado a los albergues solos, en lo único que te puedo decir que nos han respondido es en las pruebas de COVID y las vacunas”, advierte la activista.
“Estamos superados: tenemos 30 camas y a 45 personas, todavía como cinco están viviendo en la terraza, con lo que implica eso”, añade Hernández.
La casa, ubicada en la alcaldía Álvaro Obregón, se extiende como un pasillo con cuartos a los costados. Estos tienen literas donde se privilegia la estancia de mujeres y niños, en un esfuerzo por aprovechar cada espacio; quienes no alcanzan una cama duermen en colchonetas.
Al momento del arribo de los migrantes haitianos, el albergue estaba casi sin recursos tras más de año y medio de pandemia, pues tuvo que suspender actividades con las que recibía donativos, como charlas en escuelas y recepción de estudiantes extranjeros.
“Justo el día en que empezaron a llegar los migrantes haitianos, en la mañana mandamos un WhatsApp a nuestros amigos diciéndoles de la situación. Afortunadamente, esto se conjugó con la necesidad de apoyo para recibir a los haitianos, y la verdad es que esto nos dio como resultado tener mucho apoyo”, señala Hernández.
La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ha descartado hasta el momento habilitar un albergue especial para atender a los migrantes haitianos. También ha reiterado que el gobierno de la ciudad se conducirá según lo que marque el Instituto Nacional de Migración (INM), es decir, la autoridad federal.
“Estamos trabajando ahí con el Instituto Nacional de Migración, con Secretaría de Gobernación. Nosotros obviamente debemos dar la atención necesaria, Secretaría de Salud ha estado ahí, cerca, para cualquier necesidad que se tenga y en el caso de albergues necesitamos coordinarnos con el gobierno de México”, dijo Sheinbaum a medios el 7 de octubre.
La declaración se produjo en un contexto en el que el Ejecutivo del presidente Andrés Manuel López Obrador enfrenta al menos dos presiones: la de Estados Unidos, que demanda contener los flujos migratorios, y la de organismos y organizaciones de derechos humanos, que critican el trato que recientemente se ha dado a distintas caravanas.
La mandataria ha justificado su decisión al afirmar que los migrantes haitianos tendrán una estancia corta, aunque la realidad vista por activistas como Gabriela Hernández contradice ese señalamiento: la semana pasada, cinco viajeros consiguieron empleo en una obra cercana al albergue.
“La visión de que son gente de paso, que van a estar tres días... yo aquí le puedo demostrar que la gente se está quedando, que la gente ya está trabajando”, dice Hernández.
La directora de Casa Tochán indica que se está acondicionando otro dormitorio y un baño; sin embargo, advierte que, con la capacidad limitada de los albergues independientes, la falta de respuesta y respaldo por parte del gobierno de la ciudad podría complicar la situación de los migrantes.
“Mi petición es directamente al gobierno de la ciudad, para decirle que abra un espacio, se necesita un espacio. La respuesta ha sido que pueden llevarlos a un albergue para personas en situación de calle y nada más”, señala la activista.
“Es una realidad que se ignora; entonces, no se da solución y luego después va a haber problemas. ¿Qué quiere la jefa de gobierno, ver a la gente en la calle o ver los campamentos con carpas?”, cuestiona.
En noviembre de 2018, la administración capitalina saliente acondicionó la Ciudad Deportiva de la Magdalena Mixhuca como un albergue ante el paso de la caravana migrante, que llegó a resguardar de forma simultánea a alrededor de 5,000 personas, principalmente procedentes de países de Centroamérica.
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— Tochan (@CasaTochan) September 22, 2021
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Habilitar un albergue para los migrantes haitianos va más allá de ofrecerles un lugar para pasar la noche, considera Jacqueline L’Hoist, especialista en derechos humanos y exdirectora del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred).
“Desde mi mirada, el gobierno sí debería proporcionarles albergues. Tuve la oportunidad de estar en algunos albergues y me parece que fue un gran ejercicio porque se puede ver cómo están en su salud, si necesitan otro apoyo”, señala L’Hoist.
“Creo que los albergues para migrantes son fundamentales y un compromiso desde la mirada de los derechos humanos, no importa si solamente están de paso”, subraya la especialista.
