Elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) cumplimentaron una cuarta orden de aprehensión contra Edgar Tungüí Rodríguez, excomisionado para la Reconstrucción y exsecretario de Obras en la capital del país.
El delito que le imputaron al exfuncionario capitalino durante la administración de Miguel Ángel Mancera fue el de uso ilegal de atribuciones y facultades, en agravio de la sociedad.
Tungüí está preso en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde agentes de la Policía de Investigación cumplimentaron la cuarta orden de aprehensión.
La tercera orden se cumplimentó el pasado 20 de mayo, también por la presunta comisión del delito de uso indebido de atribuciones y facultades, al quedar sin efecto la suspensión provisional con la que contaba.
El exfuncionario se encuentra preso desde mayo pasado, después de su extradición desde España.
El 13 de mayo, la FGJCDMX cumplimentó una segunda orden de aprehensión contra Tungüí, quien fue detenido en abril pasado en España y entregado a México ese mismo día.
La segunda orden también es por el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades.
De acuerdo con la indagatoria, Tungüí autorizó recursos para la reconstrucción de viviendas de los afectados por el sismo del 19 de septiembre de 2017, a pesar de que los beneficiarios no cumplían con los requisitos establecidos en la normatividad aplicable. Por ello, se presume desvío de fondos.
Tungüí, ingeniero civil con trayectoria de 18 años en el servicio público, fue titular de la Secretaría de Obras capitalina de 2015 a 2017. En ese puesto encabezó proyectos como la ampliación de la red del Metrobús.
En marzo de 2018, fue designado como comisionado para la Reconstrucción, luego de la renuncia de Ricardo Becerra por su inconformidad con la forma como se destinaban los recursos.
En ese momento, los señalados de supuestas irregularidades en los fondos de la Comisión para la Reconstrucción fueron los entonces diputados locales Leonel Luna y Mauricio Toledo, que estaban en el PRD, así como Jorge Romero, del PAN.
En 2018, enfrentó sus primeras acusaciones por autorizar contratos por 70 millones de pesos a una empresa en la que trabajaba su hermano.
