Combate a la corrupción en CDMX se rezaga por COVID-19

La pandemide COVID-19 obligó la suspensión de algunos procesos en el Tribunal de Justicia Administrativa y aunque se han adaptado a la “nueva normalidad” ante la emergencia sanitaria, algunos de los casos que podían atenderse no avanzaron por los retrasos en materia de justicia digital que existen, explicó Rebeca Gómez, presidenta de la Sección Especializada en Materia de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Hasta el viernes pasado, los magistrados no habían podido celebrar ninguna sesión por la emergencia sanitaria y porque la ley no contempla las audiencias a distancia y algunos otros procedimientos en línea.

La magistrada Mariana Moranchel detalló que los dos aspectos que quedaron en el vacío al no ser contemplados por la ley son la firma y la notificación electrónica. No obstante, adelantó que ya existe una iniciativa al respecto en el Congreso capitalino.

“Queda mucho por hacer porque finalmente el juicio en línea no solo es en este Tribunal, sino en todo (...) poco a poco se tendrá que ir mejorando porque la pandemia no tiene fecha límite de momento y eso ha hecho que muchos de los juicios se hayan retrasado”, aseguró.

Con las nuevas leyes anticorrupción, aprobadas en 2017 a nivel federal, se establecieron los lineamientos para investigar y sancionar las faltas administrativas de los servidores públicos, además se incrementaron las penas y se amplió el catálogo de faltas no graves, en manos de los Órganos Internos de Control (OIC), y las graves (cohecho, el enriquecimiento ilícito, el peculado, entre otros), que son las que deben resolver justamente esta Sala Especial del TJA local.

La magistrada Gómez explicó que en el año que llevan en funciones, desde que fueron nombrados no han llegado nuevos procedimientos, bajo los lineamientos actuales.

Tras meses de espera, el viernes pasado, la Sala Especializada pudo realizar su primera sesión extraordinaria de manera virtual, en el que los tres magistrados plantearon, discutieron y resolvieron las primeras apelaciones en contra de las resoluciones dictadas por la Sala Ordinaria Especializada relativas a asuntos en que se imputan conductas calificadas como graves a los servidores públicos, o bien, a particulares relacionados con dichas conductas.

El retraso en el Sistema Local Anticorrupción

Antes de la llegada de la pandemia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la conformación del Sala Especial debido a irregularidades en el proceso legislativo con el que fue aprobado en julio de 2017, por la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), hoy convertida en Congreso de la CDMX.

El magistrado Irving Espinosa reconoció que están “verdaderamente atrasados”, y que de acuerdo con el indicador para la integración de los sistemas locales anticorrupción, la CDMX es la más rezagada. De las seis instancias que se tenían que establecer, la única que se completó fue precisamente la designación de los magistrados de justicia administrativa, es decir, ellos.

Detalló que ante los vicios, el sistema fue declarado institucionalidad, y quedaron sin efecto la Ley de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la figura de Fiscal Anticorrupción y en consecuencia, también quedaron sin validez los nombramientos del Comité de Selección, el de Participación Ciudadana, así como algunos Órganos Internos de Control.

“No tenemos comité de selección, participación ciudadana, fiscal anticorrupción, no tenemos secretariado ejecutivo, de las seis instancias del sistema local, solo existe una”, afirmó.

“El COVID sí vino a hacer un parón en todo el andamiaje que ya se estaba construyendo en el sistema local. En tanto no existan los nombramientos es complicado llevar el Sistema Anticorrupción local, llevamos un retraso importante de más de un año, espero que no se alargue mucho más, pero depende de las condiciones del Congreso y de sanidad del país”, enfatizó la magistrada Moranchel.

El papel de los magistrados contra la corrupción

Aunque la integración del sistema no está completada, esto no quiere decir que los magistrados no puedan avanzar en la lucha anticorrupción en la ciudad.

La magistrada Gómez recordó que el Tribunal es muy importante en la materia ante la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que estableció que no pueden ser las autoridades administrativas, en este caso los OIC, quienes sancionen faltas graves.

“El papel del tribunal sí es muy importante porque de acuerdo con últimas resoluciones que se han emitido a nivel internacional, la sanciones de destitución e inhabilitación son resoluciones que establecen para privar de sus derechos políticos, la CIDH no está de acuerdo que sean autoridades administrativas, como las contralorías, dice que la privación de estos derechos, deben ser impuestas por tribunales”, detalló.

Aunque esto no quiere decir que los OIC no tengan relevancia, porque ahí es donde inicia el procedimiento de las faltas administrativas, y en caso de ser faltas no graves, se sancionan en estas instancias, además de que son el contacto con la ciudadanía, por eso la importancia de que no estén aún conformados.

“Los órganos internos de control y quienes no han sido nombrados son vitales para que funciones adecuadamente el andamiaje de la lucha contra la corrupción y evitar la impunidad porque son los dos factores que en este momento influyen más en el ánimo de la ciudadanía”, señaló la magistrada Moranchel.

La magistrada Moranchel reconoce que las facultades de la Sección Especializada en Materia de Responsabilidades de los Servidores Públicos quedaron muy limitadas en cuanto a las faltas graves cometidas por funcionarios y las faltas cometidas por particulares -como el sector empresarial- que también forma parte de la dinámica de la corrupción.

Hasta el momento, el iniciar un proceso de investigación y sanción sobre faltas de servidores públicos queda bajo el criterio de los órganos internos de las dependencias y alcaldías.

En ese sentido, Salvador Nava Gomar expresó que debe haber un “activismo judicial” para que la población comience a ver el trabajo que se hace desde los tribunales, ya que muchas veces los ciudadanos viven casos de “pequeña corrupción” en su día a día, pero temen denunciar por represalias y terminan pensando que los jueces o magistrados no hacen nada.

“Tienen que hacer trabajo de seducción a un ciudadano apático, decirle estamos haciendo todo esto, y además tiene que hacer política judicial, mostrar bondades, el juez debe actuar bajo el principio socrático, prudentemente, imparcialmente, tiene que ser más prudente que el resto”, afirmó el catedrático y abogado.

Por su parte, el magistrado Espinosa coincidió que la ciudadanía desconfía del sector público, y quiere ver resultados, pero en el ámbito de los grandes corruptores, por lo que tienen que modificar la forma en la que se relacionan con los ciudadanos.

“Hay cierta apatía por parte de los ciudadanos, tenemos que generarnos la confianza”, dijo.

La magistrada Moranchel señaló al respecto que en eso pueden contribuir los juicios en línea, pero la gente tiene que creer que puede denunciar y que serán atendidos.

“Tiene que haber un cambio de paradigma. Todo el sistema digital llegó para quedarse, ya hay leyes específicas en la CDMX abonan, pero ahora hay que concientizar a la ciudadanía de que los procedimientos y quejas se pueden llevar de manera electrónica”, comentó.