Los ochos pisos irregulares de la torre de Baja California 370 serán demolidos por el propio desarrollador, informó la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT).
La construcción ilegal, ubicada en la Colonia Hipódromo en Cuauhtémoc, fue denunciada por vecinos desde 2016 cuando el edificio superó los siete niveles permitidos por el uso de suelo.
“Mediante este convenio, el particular se comprometió a desistirse del recurso de revisión con el que pretendía revertir la sentencia que le ordenó demoler los niveles que fueron construidos de manera ilegal.
“Además, deberá presentar un programa calendarizado del proceso de demolición, en el cual se indiquen los plazos, días y horarios, así como las técnicas que se utilizarán durante la demolición”, informó la PAOT en un comunicado.
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Esta será al menos la tercera vez en que se intenta demoler los pisos excedentes de la torre. En un primer acuerdo realizado con la entonces Delegación Cuauhtémoc –gobernada por Ricardo Monreal- para realizar el derribo de forma voluntaria en junio de 2017, que sin embargo fue aprovechado para seguir construyendo.
Después en febrero de 2018 intervino la Secretaría de Gobierno encabezada en ese momento por Patricia Mercado y el gobierno capitalino inició la demolición, hasta que una serie de amparos frenaron los trabajos.
El edificio fue abandonado durante meses y fue un supuesto factor para el asesinato de la activista Cristina Vázquez en julio de 2019, cuyo cuerpo fue hallado en su departamento.
De acuerdo con testimonios de vecinos, sujetos entraban por Baja California 370 para esconder objetos robados y cruzaban a la azotea del edificio donde vivía Cristina. El crimen aún no ha sido resuelto por la Fiscalía General de Justicia (FGJ).
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La PAOT logró con una denuncia penal que el Tribunal Superior de Justicia dictara una pena de 8 meses de prisión y 12,531 pesos de multa, así como la prohibición de desempeñarse como arquitecto por el mismo periodo en contra del representante legal de la desarrolladora.
Rafael Guarneros, presidente de la Asociación de Residentes Hipódromo, consideró que pese al avance conseguido por la PAOT, las bajas sanciones permiten que se repitan este tipo de construcciones irregulares pues no llegan a los dueños o funcionarios.
“Lo lograron después de casi cuatro años de litigio desde que se inició esto. Sin embargo las sanciones al corresponsable de obra son sólo ocho meses para una persona que fue corrupta y después puede volver a ejercer.
“Entonces no es una sanción, es sólo algo simbólico que podría caer en una simulación. Hay autoridades que debieron ser sancionadas también como corresponsables de la violación al uso de suelo”, consideró.
