El Congreso de la CDMX aprueba la ley del Instituto de Planeación

Organizaciones civiles han rechazado la Ley del Sistema de Planeación bajo el argumento de que concentra en la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, facultades excesivas en materia de desarrollo urbano.

Por ejemplo, advierten del riesgo de que la mandataria capitalina cuente con la facultad de afirmativa ficta, con la cual, si los instrumentos de planeación no son dictaminados por el Congreso local en seis meses, se darán por aprobados.

Las organizaciones también señalan influencia de Sheinbaum en nombramientos, ya que podrá proponer a los integrantes del Comité de Selección.

"(La inconformidad) tiene que ver con garantizar que si el conjunto de nombramientos lo va a hacer la Jefatura de Gobierno (…) sin ningún tramo de contrapeso o control ciudadano, que cuando menos la Oficina de Participación Ciudadana sí fuese una auténtica póliza de participación ciudadana", dijo Federico Döring, diputado del PAN y presidente de la Comisión de Planeación del Desarrollo.

"Solo con un nombramiento respaldado por el Congreso podría evitarse que esta oficina sea parte de los carnales del Instituto Carnal de Planeación", señaló en tribuna.

Sin discutir el punto, la propuesta de la oposición fue desechada.

La única reserva de la oposición aprobada fue la relativa a la participación de los titulares de la Comisión de Derechos Humanos local (CDHCM), la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) y el Sistema de Aguas (Sacmex) con voz, mas no con voto, dentro de la Junta de Gobierno del Instituto de Planeación.

También fue aprobada la adición de dos puntos propuestos por la diputada Circe Camacho, del PT. Con ello, el Instituto de Planeación deberá emitir convocatorias públicas para la participación ciudadana en las etapas de formulación, actualización y modificación de los instrumentos planeación.

Además, deberá convocar de manera particular a los Comités de Participación Comunitaria (Copacos) del ámbito territorial del que se trate, así como a las autoridades de los pueblos, barrios y comunidades originarias que se vean afectados por un instrumento de planeación del desarrollo.