Senadores de PAN y PRD plantean reforma contra los conflictos de interés
Un grupo de seis senadores de los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), principales fuerzas de la oposición, presentó este jueves una iniciativa de reforma legal para prevenir los conflictos de interés, un tema que ha generado controversia en México desde finales de 2014.
La propuesta plantea modificar la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos para obligar a los funcionarios a entregar a la Secretaría de la Función Pública (SFP) una declaración de intereses.
En este documento —según la iniciativa publicada en la Gaceta del Senado — un funcionario tendría que informar si participa en la dirección de alguna empresa o si tiene acciones en ella, si ejerce actividades profesionales adicionales a las de su cargo o si forma parte de organizaciones civiles, entre otros puntos.
Además, debería reportar los intereses de su cónyuge, concubina o concubinario y de sus dependientes económicos.
Para los impulsores de este cambio, la entrega del documento a la SFP ayudaría a prevenir conflictos de interés, pues facilitaría a las autoridades identificar cuando un servidor público esté en condiciones de aprovechar su puesto para obtener un beneficio personal.
"Se debe contar (con) un mecanismo que permita a los servidores públicos exponer, de manera formal y transparente —con acceso público—, si tienen intereses privados que puedan llegar a interferir en el cumplimiento de sus funciones", señala la propuesta.
"Es decir, (se busca) prevenir e identificar la existencia de conflictos de interés en los funcionarios públicos del país", agrega la iniciativa, firmada por las panistas Laura Rojas y Marcela Torres, así como por los perredistas Armando Ríos Piter, Zoé Robledo y Benjamín Robles, además de Alejandro Encinas, que renunció al PRD.
De concretarse la reforma, la entrega de la declaración de intereses sería adicional a la de la declaración patrimonial que actualmente deben presentar los servidores públicos.
Hasta la fecha, todos los funcionarios tienen la facultad de decidir si su información patrimonial será pública o no, o de decidir qué partes de ésta dar a conocer.
Pero en esa materia, la iniciativa plantea que quienes ocupen cargos de decisión estén obligados a publicarla.
"La información relativa a las declaraciones de situación patrimonial y de intereses será pública a partir del nivel de director general u homólogo y, en los demás casos, siempre y cuando se cuente con la autorización previa y específica del servidor público de que se trate", señala el documento propuesto.
Según la iniciativa, quienes no cumplan con la obligación de presentar sus declaraciones podrían ser sancionados hasta con el despido y dos años de inhabilitación para ejercer puestos públicos.
Otra modificación planteada es crear comités de ética en cada dependencia federal, en los que personas con cargo honorario puedan recomendar "acciones preventivas" para evitar conflictos de interés o atender dudas sobre casos particulares.
La iniciativa de reforma llega al Senado dos días después de que el presidente Enrique Peña Nieto ordenara a la SFP investigar si él mismo, su esposa, Angélica Rivera, o el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, incurrieron o no en conflicto de interés al comprar casas a empresas contratistas del gobierno federal.
El mandatario y su círculo cercano han sido blanco de críticas y cuestionamientos desde noviembre pasado, cuando distintos medios dieron a conocer la adquisición de esas propiedades.
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