El Senado difiere debate sobre Guerrero y 'mete presión' al gobernador

Aunque se tenía previsto que la eventual desaparición de poderes en Guerrero se debatiera este martes, a petición del opositor Partido Acción Nacional (PAN) se pactó dar más tiempo para analizar la situación de la entidad del sur del país.

 

Con esta ampliación, se busca que la Comisión de Gobernación del Senado pueda investigar "in situ" si los poderes de Guerrero funcionan o no, antes de que la Cámara alta se pronuncie sobre una posible desaparición de poderes, explicó ante el pleno la senadora Cristina Díaz, presidenta de dicha comisión y militante del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI).

 

Además, al ampliar el tiempo para revisar el asunto, se pretende que en el análisis también intervenga el grupo plural conformado para dar seguimiento a la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, un crimen atribuido a policías municipales de Iguala, que ha generado protestas sociales y críticas al gobernador Aguirre, miembro del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD).

 

El acuerdo no detalla una fecha límite para que el tema se resuelva. Sin embargo, el PAN y el PRD plantean que esto ocurra a más tardar el próximo 30 de octubre.

 

La solicitud para que el Senado declare la desaparición de poderes en Guerrero fue presentada formalmente por el PAN , el cual argumenta que hay ingobernabilidad en el estado por el mal desempeño de Aguirre y la forma en que ha atendido el caso Ayotzinapa.

 

Por la mañana de este martes, los panistas propusieron aplazar la discusión porque el proyecto de dictamen de la Comisión de Gobernación planteaba declarar improcedente su petición . Según este documento, lo solicitado por el PAN es improcedente porque si bien Guerrero enfrenta problemas, sus poderes no han dejado de funcionar.

 

El PAN rechazó esas conclusiones y pidió una investigación más profunda, lo que finalmente se aceptó y formalizó en el acuerdo dado a conocer después de las 17:00 horas (local).

 

Durante la presentación de este pacto ante el pleno, además, senadores del PRI, del PAN y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), a nombre de sus bancadas, llamaron a Aguirre a que pida licencia y se separe del gobierno, pues consideran que con ello ayudaría a reducir las tensiones en Guerrero.

 

El priista Arturo Zamora señaló en tribuna que Aguirre ha perdido legitimidad debido a las "omisiones" que ha tenido.

 

"No hay posibilidad alguna de que avancemos en la solución racional (de los conflictos) en tanto él permanezca en el cargo", dijo.

 

Carlos Alberto Puente, del PVEM, se expresó en el mismo sentido y consideró que Aguirre ha perdido "respaldo social", por lo que debe abandonar el gobierno estatal por "responsabilidad política".

 

"La desaparición de poderes o la renuncia del gobernador no hay duda que le dan un cauce institucional a resolver el grave problema de conflictividad social. (...) El PAN espera desde luego que el gobernador acepte la invitación a reflexionar sobre abandonar el cargo que no ejerce, que ostenta pero no ejerce, que le ha hecho la sociedad, que aquí le ha hecho el PRI", dijo por su parte el panista Héctor Larios.

 

De parte del PRD, la bancada se opone a que se declare la desaparición de poderes, aunque está dividida en cuanto a la permanencia de Aguirre en el gobierno estatal.

 

Perredistas cercanos al dirigente Carlos Navarrete o al propio gobernador, como Sofío Ramírez, amigo y excolaborador suyo, plantean que concluya su mandato en 2015. Otros, como el coordinador Miguel Barbosa y Alejandro Encinas, proponen que solicite licencia.

 

Aguirre asumió el cargo en 2011 y es uno de los principales blancos de críticas por la situación en Guerrero. Otro es el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, a quien las autoridades buscan para que declare sobre el paradero de los normalistas desaparecidos y su presunta relación con la delincuencia.