La ley sobre derechos de la infancia avanza en comisiones del Senado
Comisiones del Senado mexicano aprobaron este jueves, por unanimidad, la nueva ley sobre derechos de la infancia, una iniciativa que el presidente Enrique Peña Nieto envió con carácter de preferente el pasado 1 de septiembre.
Las bancadas acordaron que el dictamen sólo se votara en lo general para que las reservas se lleven directamente al pleno, en la sesión convocada para el próximo lunes al mediodía.
El dictamen aprobado incluye decenas de cambios a la propuesta presidencial, puesto que las comisiones encontraron deficiencias en el texto, según explicaron los senadores que revisaron el documento.
La panista Martha Elena García, presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, dijo durante la sesión que estas modificaciones sustituyen "la doctrina tutelar y asistencialista" en la que estaba basada la iniciativa presidencial, por "un nuevo paradigma de derechos humanos".
Con esto, agregó, se busca que los menores sean reconocidos como titulares de derechos.
La perredista Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, señaló en su turno que el propósito de los cambios es que la legislación se apegue a estándares internacionales.
La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes plantea, por ejemplo, que los menores de 18 años tengan al menos 19 derechos, que las autoridades mexicanas de los tres niveles de gobierno —federal, estatal y municipal— estarían obligadas a garantizar.
"(Las autoridades) concurrirán en el cumplimiento del objeto de esta ley, para el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas públicas en materia de ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como para garantizar su máximo bienestar posible privilegiando su interés superior a través de medidas estructurales, legales, administrativas y presupuestales", indica el dictamen.
Algunos de los derechos que cita el documento son el derecho a la vida, a la identidad, a no ser discriminado, a la protección de la salud, a la inclusión en el caso de personas con discapacidad, a la educación, a la libertad de expresión, a la intimidad y al debido proceso judicial.
La ley también prevé la creación de un Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, que debería aprobar un programa nacional que defina políticas para proteger los derechos de este sector de la población.
Este sistema sería encabezado por el presidente, a quien apoyarían secretarios del gabinete; por los gobernadores y el jefe de gobierno del Distrito Federal, así como por los titulares de tres órganos autónomos: la Fiscalía General de la República, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Una de las responsabilidades del sistema sería elaborar un sistema de información con indicadores cualitativos y cuantitativos, que permita evaluar la situación de los menores y de la protección de sus derechos.
Además, la ley plantea la creación de una procuraduría federal y de procuradurías estatales de protección a la infancia, responsables de asesorar a los menores en torno a cuáles son sus derechos y cómo protegerlos, y de supervisar los centros de asistencia social o albergues, entre otras cosas.
Para la creación de estos organismos y otras medidas que incluye la legislación, la Cámara de Diputados y los congresos locales deberían asignar recursos específicos en los presupuestos anuales.
Otro punto clave de la ley son las sanciones. Se establece, por ejemplo, que los funcionarios que no reporten o toleren violaciones a los derechos de menores sean multados con hasta 100,000 pesos.
En el caso de los medios de comunicación que violen la intimidad de un menor difundiendo información o imágenes suyas sin el consentimiento de sus tutores, o de aquellos que hagan entrevistas sin autorización, la multa sería de 200,000 a 2 millones de pesos y de hasta 4 millones si se comprueba reincidencia.
El dictamen será votado en el pleno el próximo lunes, puesto que al tratarse de una iniciativa preferente, cada cámara legislativa tiene un plazo máximo de 30 días para votarla y para el Senado la fecha vence a comienzos de la siguiente semana.
Si el documento queda aprobado en la Cámara alta, será enviado a los diputados para que sea revisado en un plazo máximo de un mes.