La comisión anticorrupción, 7 meses 'congelada' y sin fecha de discusión

La creación de la comisión nacional anticorrupción tiene más de siete meses detenida en la Cámara de Diputados, donde los principales partidos no han acordado siquiera las fechas para iniciar la discusión y difieren sobre los motivos por los que el tema no ha avanzado.

De un lado, el gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) argumenta que el asunto debe analizarse con detenimiento y que otras iniciativas han ocupado la agenda legislativa de 2014. Del otro lado, las principales fuerzas de oposición, los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), acusan falta de interés de parte del PRI y del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, a pesar de que el mandatario prometió impulsar esta propuesta incluso desde antes de asumir el poder. 

A través de la bancada del PRI, Peña Nieto presentó la iniciativa al Senado en noviembre de 2012 —dos semanas antes de tomar la Presidencia—, cuando argumentó que la creación de este nuevo órgano serviría para combatir un problema que la sociedad considera grave.

Esto se refleja, por ejemplo, en que la corrupción es el tercer problema que más preocupa a los mexicanos, detrás de la inseguridad y el desempleo, según una encuesta que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer en junio pasado. Además, en 2013, México ocupó el lugar 109 de 177 países en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional (TI), con una calificación de apenas 34 puntos de 100 posibles.

La iniciativa presidencial en la materia permaneció más de un año detenida en la Cámara alta hasta que, en diciembre de 2013, luego de que las bancadas resolvieron desacuerdos y se integraron algunas propuestas de senadores del PAN y del PRD, el texto quedó aprobado en el pleno y se envió a la Cámara de Diputados para su revisión.

La minuta se encuentra desde el 4 de febrero pasado en las comisiones de Puntos Constitucionales y de Transparencia y Anticorrupción de San Lázaro , donde los legisladores difieren sobre aspectos como de qué forma tendría que coordinarse el nuevo órgano con otras instituciones o si debe tener o no facultades para imponer sanciones.

La priista Areli Madrid Tovilla, presidenta de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, señaló que el tema se ha analizado al interior de cada grupo parlamentario y en foros con especialistas. Sin embargo, reconoció que aún no hay acuerdos sobre cuándo comenzará la dictaminación. 

"En cuanto tengamos la oportunidad, habrá una reunión de manera colegiada en donde lo podamos resolver. Por lo pronto, todavía no hemos afinado detalles... todavía no podemos dar nosotros fecha tentativa", dijo en entrevista con CNNMéxico. 

Al respecto, el perredista Julio César Moreno, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, llamó este lunes a que se dé prioridad al asunto y consideró que su aprobación es necesaria para que exista transparencia en la implementación de las reformas económicas promovidas por Peña Nieto.

"Contar con una institución con esas facultades convendría a todos, ya que dará mayor certeza al servicio público en todos sus niveles, factor urgente en nuestros días por la aprobación de las llamadas reformas estructurales, siempre y cuando cuente con la fuerza y autonomía que estas reformas demandan", dijo en un comunicado.

Por su parte, el panista Fernando Rodríguez Doval, secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales, señaló que cada bancada está analizando la minuta del Senado, y llamó a que este proceso termine pronto para que el asunto pueda discutirse y votarse en este periodo de sesiones, que concluye el próximo 15 de diciembre. 

"Creo que cada partido lo está primero procesando en su interior y ya posteriormente se podría estar haciendo un calendario, pero queremos que sea durante este periodo de sesiones", dijo en entrevista por separado. 

¿Una reforma prioritaria?

En lo que va de 2014, ambas cámaras del Congreso han discutido y aprobado decenas de temas, entre ellos, las leyes secundarias de las reformas político-electoral, de telecomunicaciones y de energía, prioritarias para el gobierno de Peña Nieto. 

Sin embargo, según algunas  organizaciones civiles como México Evalúa y Transparencia Mexicana , las autoridades federales y el PRI no han puesto el mismo empeño en sacar adelante otros asuntos relevantes, como fortalecer el combate a la corrupción.

"Este último periodo de este año, la gran prioridad es el tema anticorrupción. Para nosotros los diputados del PAN, es una reforma de la misma magnitud, de la misma dimensión que cualquier otra de las grandes reformas", dijo Rodríguez Doval. 

"Este tema de la lucha contra la corrupción no nos parece que haya sido la prioridad del gobierno, pero nosotros, como partido de oposición responsable, lo vamos a impulsar", agregó. 

Fernando Belaunzarán, integrante de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción y diputado del PRD, coincidió en que el asunto debe ser "el más importante" de este periodo.

Al respecto, Madrid Tovilla rechazó que el PRI haya ignorado el tema y aseguró que tiene una "enorme voluntad" para que éste avance. 

"Nunca se ha dejado de trabajar", aseguró la priista.

Posibles cambios a la minuta 

La minuta que aprobó el Senado  en diciembre de 2013  plantea que la comisión anticorrupción —la cual reemplazaría a la Secretaría de la Función Pública (SFP)— sea un órgano con autonomía constitucional y con facultades para investigar y sancionar administrativamente actos de corrupción en todos los niveles de gobierno. 

Sin embargo, los diputados consultados adelantaron que buscarán hacer modificaciones al documento del Senado, lo que implicaría que tendría que ser devuelto a los senadores para una nueva revisión. 

El PAN, por ejemplo, planteará que la comisión no tenga la facultad de sancionar administrativamente actos de corrupción, sino que esta atribución se otorgue a un nuevo tribunal especial. De lo contrario, se crearía una institución que sería "juez y parte", dijo Rodríguez Doval. 

De parte del PRD, según Belaunzarán, se quiere hacer una "cirugía mayor" a la minuta, porque se considera que no establece con claridad cómo el nuevo organismo se coordinaría con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y con la Fiscalía General de la República, que sustituirá a la Procuraduría General de la República (PGR).

Con la reforma político-electoral promulgada en febrero pasado, se estableció que la PGR se convertirá en Fiscalía General y tendrá una fiscalía especializada en combatir la corrupción por la vía penal.

Esta nueva fiscalíza especializada comenzará a operar cuando el Senado nombre a su titular y se apruebe la ley secundaría de la Fiscalía General.

Al respecto, Madrid Tovilla dijo que el PRI busca que la creación de la comisión anticorrupción y la ley de la Fiscalía General se discutan conjuntamente, bajo el argumento de que sólo así se logrará que ambos marcos jurídicos sean coherentes entre sí.

La iniciativa que plantea cómo operará la Fiscalía General, y con ella la fiscalía especializada en combate a la corrupción, fue enviada a San Lázaro por el presidente Peña Nieto apenas este martes .