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Senadores de oposición piden amnistía para Mireles y otros autodefensas

Legisladores del PAN, PRD y PT argumentan que 383 civiles armados, entre ellos José Manuel Mireles, fueron detenidos por "razones políticas"
jue 18 septiembre 2014 02:00 PM

Un grupo de 13 senadores de partidos de oposición propone crear una ley de amnistía que beneficie a autodefensas detenidos en el estado de Michoacán, entre ellos José Manuel Mireles, bajo el argumento de que fueron aprehendidos "por razones políticas" o sin pruebas de los delitos que se les atribuyen. 

Además de a Mireles, la medida beneficiaría a otras 382 personas quienes, a juicio de los proponentes, merecen quedar en libertad porque iniciaron grupos de autodefensa o se unieron a ellos con el único fin de proteger a sus comunidades, no para delinquir. 

"Las autodefensas surgen como reacción a una situación de violencia extrema que superó la acción de las autoridades locales, con la finalidad de salvaguardar su seguridad personal, la de sus familias y su propio patrimonio", señala la propuesta firmada por senadores de los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT).

"Por lo cual, se justifica la expedición de una ley de amnistía para que el Estado olvide la acción penal y, en su caso, cese las sanciones impuestas a favor de quienes participaron en actos colectivos, ya que su acción no corresponde a la intención de cometer delitos, sino a la legítima defensa y en un estado de necesidad ante el constante asedio de los grupos criminales", agrega el documento, el cual aún no se turna a comisiones. 

Dentro de los potenciales beneficiarios de esta iniciativa destaca José Manuel Mireles, fundador del grupo de autodefensas de Tepalcatepec y uno de los líderes más visibles del movimiento que comenzó a principios de 2013, para enfrentar a las agrupaciones delictivas que operan en territorio michoacano. 

Mireles fue detenido el pasado 27 de junio , acusado de violar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Al respecto, su defensa argumenta que se le detuvo por razones políticas, un señalamiento que niega el gobierno federal

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La detención se produjo un mes después de que otros grupos de autodefensa pactaran con las autoridades federales convertirse en policías rurales registradas. Mireles rechazó ese acuerdo y anunció que mantendría su agrupación, mientras funcionarios advirtieron que se detendría a todas las personas armadas sin permiso.

"Exigimos desde aquí, junto con nuestras voces, con los que nos representan, la liberación inmediata del doctor Mireles y de las 383 autodefensas", dijo el miércoles el fundador del Movimiento por la Paz, Javier Sicilia, en una rueda de prensa encabezada por los senadores que apoyan la iniciativa. 

Estos 13 legisladores son los panistas Daniel Ávila, Francisco Búrquez, Javier Corral, Ernesto Ruffo y Salvador Vega —originario de Michoacán—, los perredistas Fidel Demédicis, Alejandro Encinas, Adán Augusto López, Dolores Padierna, Isidro Pedraza y Raúl Morón —también michoacano—, así como los petistas Manuel Bartlett y Layda Sansores. 

"Me parece que esta iniciativa de amnistía puede ser una primera señal de que efectivamente se estén escuchando las voces de la sociedad civil", señaló Morón el miércoles en la misma rueda de prensa.

La propuesta propone una ley compuesta únicamente por seis artículos, en los que se detallan las condiciones para que una persona acceda a la amnistía.

El primer requisito es enfrentar acusaciones por delitos federales cometidos en Michoacán entre el 24 de febrero de 2013, fecha considerada como la de la aparición de las autodefensas, y el 1 de septiembre pasado. 

Los otros son que la persona fuera detenida entre el 7 de marzo de 2013 y el 1 de septiembre pasado, y que haya participado en grupos de autodefensa "por un estado de necesidad, para salvaguardar su integridad física, la seguridad de sus familias, patrimonio, derechos o comunidad ante ataques por parte de grupos de la delincuencia organizada". 

Quienes obtuvieran la amnistía dejarían de tener procesos penales en su contra o sanciones, salvo aquellas que les obliguen a reparar daños, y la Procuraduría General de la República (PGR) sería la responsable de vigilar la aplicación de la norma.

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